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SIP condena asesinato de periodista Rafael Murúa en BCS

Informaron que en noviembre pasado, Murúa Manríquez denunció que había recibido amenazas tras criticar al alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista

El Sol de México Online

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez en Baja California Sur, y pidió a las autoridades mexicanas realizar con urgencia una investigación exhaustiva para conocer el móvil del crimen.

El cadáver de Rafael Murúa Manríquez, director del portal Radio Kashana FM, fue hallado el domingo 20 de enero con varios impactos de bala en el tórax. El periodista residente de Santa Rosalía, municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur, estaba desaparecido desde el sábado.

Rafael Murúa ya había sido amenazado
Murúa Manríquez, de 34 años, se encontraba desde 2016 bajo el programa de custodia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por amenazas. En noviembre pasado denunció nuevamente que había recibido amenazas tras criticar al alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez expresó condolencias a los familiares y colegas. Domínguez, directora del periódico El País, Cali, Colombia, urgió a las autoridades a “investigar con urgencia el asesinato para dar con el o los responsables, conocer las razones y aplicar justicia”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, lamentó el primer asesinato contra un periodista en México este año.

SIP reprueba arresto de periodista en Aguascalientes
Por otra parte, los directivos de la SIP también reprobaron la detención de José Luis Morales en el estado de Aguascalientes por criticar al gobernador Martín Orozco, quien en noviembre de 2018 demandó al periodista por los presuntos delitos de difamación y daño moral.

Morales, locutor del programa Infolínea de la emisora 91.3 FM “La Mexicana”, fue arrestado el 16 de enero y permaneció cinco horas detenido por orden del juez segundo civil, Antonio Piña, por supuesta violación a una medida cautelar que le ordenaba no realizar acusaciones contra el gobernador, según medios locales.

Domínguez y Rock expresaron que “ningún periodista debe ser sancionado por formular críticas o denuncias contra el poder público”, tal como indica la Declaración de Chapultepec en su décimo principio y en referencia a que el periodista suele cuestionar la gestión del gobierno estatal en materia de violencia y crecimiento económico.