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Coyoacán considera que resolución del TEPJF no tiene sustento

  • Viernes 21 de septiembre de 2018
  • en CDMX

La delegación de Coyoacán aseguró que no tiene sustento la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular la elección de alcalde del 1 de julio por un presunto uso indebido de recursos públicos en el proceso electoral y violencia política en razón de género.

En un comunicado emitido seis horas después de que se dio a conocer la decisión de la Sala Regional, el órgano político, gobernado por el PRD, justificó que su actuación durante el pasado proceso electoral fue “en estricto cumplimiento de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad”.

“Por tal motivo a la autoridad federal electoral le expresamos nuestro más amplio respeto, pero consideramos que en esta ocasión su resolución, en cuanto a los programas sociales de la Delegación Coyoacán, no está sustentada en Derecho”, manifestó.

Uno de los señalamientos a la demarcación fue que duplicó su presupuesto para un programa de entrega de dinero, lo mismo que otro para la entrega de tabletas electrónicas; además en ambos casos se duplicó también el número de beneficiarios, justo en el marco de las campañas electorales.

Incluso hoy mismo el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, señaló que tuvieron que emitir seis medidas cautelares por el presunto uso de programas sociales durante la contienda.

“Coyoacán fue una situación particular que incluso nosotros estuvimos tomando medidas cautelares, una de ellas oficiosa tratando de llevar a cabo la detención de este tipo de situaciones que ahorita ya fueron juzgadas por el Tribunal”, dijo en entrevista este viernes.

No obstante, para la demarcación “existe un claro interés de involucrar a este órgano político administrativo en un proceso del cual fue total y absolutamente ajeno”.

“En el pasado proceso electoral acatamos el criterio establecido por el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México que señalaba 'es prioritario para el Gobierno continuar con la ejecución de los programas sociales para respetar los derechos de las personas beneficiadas' (…) Este fue nuestro caso”, se justificó.