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Prisión preventiva oficiosa: menos justicia, más víctimas

En México existen 379 centros de privación de libertad, de los cuales 157 están sobrepoblados, es decir, tienen un excedente de 24 mil 221 personas.

Tener a un hijo en prisión es perderlo todo dos veces, sabes que no volverá a ser el mismo cuando salga y que tú tampoco serás la misma cuando lo veas”.

En un ajetreado viernes en donde el sur de la ciudad es un horno de 25 grados, nueve mujeres de distintas edades, profesiones y características se unen con un fin en común: entender el proceso penal, sus vertientes y el por qué sus esposos, padres o amantes están en prisión y cómo pueden salvarlos de vejaciones a sus derechos humanos.

Una de ellas es Elena, una mujer joven, que se impone a la vista, con cabello castaño y ojos que miran con decisión. Es madre de Luis, quien fue privado de su libertad y que por más de tres años no recibió una sentencia, fue acusado de venta de estupefacientes.

En ese trienio de espera e incertidumbre, Luis fue a juicio y sancionado a cinco años en prisión.

Elena pidió ocultar su identidad al narrar su historia, es una activista por los derechos de las personas en prisión y tiene temor de que ella o su hijo sufran represalias por parte de las autoridades después de denunciar violaciones a los derechos humanos al interior de centros de privación de libertad.

Para Elena, que su hijo esté privado de su libertad es un patrón que se repite, primero en ella, en Luis y en sus vecinos. Considera que las y los jóvenes de su colonia son juzgados por el lugar en el que viven y no por los actos que les imputa la policía.

Siempre están cazando a los jóvenes, que si están jugando futbol o si están en la cancha, van y los agarran, les inventan delitos y no hay forma de probar su inocencia

Elena experimentó los malos tratos y la tortura en centros de privación de libertad cuando era joven, y ahora con el círculo de apoyo penal que ha formado con este grupo de mujeres, construyó mecanismos para que su hijo Luis no sufra violaciones graves a sus derechos más básicos.

El caso de su hijo, que fue acusado de venta de estuperfacientes dos semanas después de haber cumplido 18 años, es más común de lo que parece, según cifras de la organización Documenta 13.38 por ciento son jóvenes de entre 18 a 24 años, lo que representa 28 mil 207 personas que perderán la oportunidad de seguir estudiando y de terminar la preparatoria, como fue el caso de Luis.

Una de ellas es Elena, una mujer joven, que se impone a la vista, con cabello castaño y ojos que miran con decisión. Es madre de Luis, quien fue privado de su libertad y que por más de tres años no recibió una sentencia, fue acusado de venta de estupefacientes.

En ese trienio de espera e incertidumbre, Luis fue a juicio y sancionado a cinco años en prisión.

Elena pidió ocultar su identidad al narrar su historia, es una activista por los derechos de las personas en prisión y tiene temor de que ella o su hijo sufran represalias por parte de las autoridades después de denunciar violaciones a los derechos humanos al interior de centros de privación de libertad.

Para Elena, que su hijo esté privado de su libertad es un patrón que se repite, primero en ella, en Luis y en sus vecinos. Considera que las y los jóvenes de su colonia son juzgados por el lugar en el que viven y no por los actos que les imputa la policía.

Siempre están cazando a los jóvenes, que si están jugando futbol o si están en la cancha, van y los agarran, les inventan delitos y no hay forma de probar su inocencia

Elena experimentó los malos tratos y la tortura en centros de privación de libertad cuando era joven, y ahora con el círculo de apoyo penal que ha formado con este grupo de mujeres, construyó mecanismos para que su hijo Luis no sufra violaciones graves a sus derechos más básicos.

El caso de su hijo, que fue acusado de venta de estuperfacientes dos semanas después de haber cumplido 18 años, es más común de lo que parece, según cifras de la organización Documenta 13.38 por ciento son jóvenes de entre 18 a 24 años, lo que representa 28 mil 207 personas que perderán la oportunidad de seguir estudiando y de terminar la preparatoria, como fue el caso de Luis.