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Abre expediente Comisión Europea por fraude de VW

  • Viernes 9 de diciembre de 2016
  • en Finanzas

  • Serán siete los países comunitarios investigados por evadir
    sanciones

BRUSELAS, Bélgica. (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió un
procedimiento de sanción contra siete países de la Unión Europea
(UE) por no sancionar a Volkswagen (VW), tras descubrirse que
trucaba los motores de sus automóviles para superar las pruebas de
emisiones en el laboratorio.

La CE informó que los países sancionados son Alemania,
España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República
Checa.

Son las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE
encargadas de la certificación y homologación de vehículos para
comercializarse en el mercado único comunitario, las que deben
castigar a los constructores que violen la legislación
europea.

Sin embargo, la CE sospecha que siete Estados miembros no fueron
todo lo estrictos que cabría esperar con VW, una vez que se
descubrió en septiembre de 2015 –en Estados Unidos (EU)–, que el
grupo alemán utilizaba un software ilegal para que los coches no
rebasaran en los exámenes técnicos los límites de óxido de
nitrógeno (NOx), que sí superaban en carretera.

La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta
Bienkowska, recordó que los fabricantes deben plegarse a las
normas, y los países “garantizar que los fabricantes de
automóviles cumplan efectivamente con la ley”.

En el caso de Alemania, España, Luxemburgo y el Reino Unido,
que homologaban ciertos modelos de VW para su venta en el mercado
único europeo, la CE les reprocha no haber aplicado las penas
correspondientes.

Fuentes europeas precisaron a Efe que los vehículos que afectan
a España son de la marca Seat y, en concreto, el modelo Eseo,
aunque responsables de la CE están en contacto con las autoridades
españolas para obtener “más información”.

Desplazado a Bruselas con motivo de un consejo de ministros de
la UE, el titular español de Justicia, Rafael Catalá, aseguró
que España estudiará la notificación de la Comisión, ya que
“el Ministerio de Industria ya inició expedientes informativos
que pueden derivar en sanciones en relación con Seat, que es la
empresa que tiene su domicilio en España en el grupo
Volkswagen”.

“Informaremos a la CE de lo que se ha hecho, y en su caso, de
las medidas que se puedan adoptar”, agregó.

Respecto a Grecia, República Checa y Lituania, la CE les achaca
no haber introducido dicha normativa europea en su legislación
nacional, mientras que con respecto a Alemania y el Reino Unido,
considera que se saltaron la ley al negarse a revelar “toda la
información técnica recopilada en sus investigaciones
nacionales”.

Por ahora, Bruselas ha remitido a los siete países afectados
una carta de emplazamiento para solicitar información, que supone
el primer paso del procedimiento comunitario de infracción para
determinar si esos Estados miembros faltaron a su obligación de
disponer o de aplicar un sistema de sanciones “efectivo,
proporcionado y disuasorio”.

El anuncio de la CE ha sido celebrado por la organización
europea de consumidores, BEUC, que criticó que las capitales
señaladas hayan optado por “proteger a la industria a expensas
de los consumidores”.

En la misma línea, el centro de estudios Transport &
Environment, que cifra en “más de 29 millones de coches
diésel” los automóviles afectados en Europa, pidió a los
reguladores que coloquen “la salud de los ciudadanos por encima
de los motores”.

El grupo de los Verdes en la Eurocámara recordó que la mala
calidad del aire causa 400 mil muertes prematuras al año en la UE,
mientras que el Partido Popular Europeo pidió una armonización de
la legislación para evitar “la naturaleza fragmentada” de las
estructuras encargadas de hacer cumplir la ley.

En paralelo, pero también al calor del escándalo conocido como
“Diésel-gate”, Bruselas trabaja para endurecer las normativas
de control de emisiones, de forma que las mediciones de NOx y CO2
de los vehículos en el laboratorio se parezcan más a las
condiciones reales de circulación.

Esa normativa aún debe pasar por el Parlamento Europeo y por el
Consejo. Si sale adelante, se aplicará desde septiembre de 2017 a
los modelos nuevos de vehículos (que no a todos los que se
fabriquen), y a todos los coches que salgan de fábrica desde
septiembre de 2018.

En EU el fabricante alemán ha aceptado pagar catorce mil 700
millones de dólares para cerrar el caso, mientras que en la UE por
ahora el grupo solo se ha comprometido a reparar los coches
afectados de aquí a 2017.