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Constituyente avala la Eutanasia; uso recreativo de marihuana, no

El derecho a una muerte digna o sea la eutanasia fue aprobada ayer por la Asamblea Constituyente, que mantiene también el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, con lo cual queda vigente la interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, no prosperó la propuesta de establecer el derecho de uso recreativo de la marihuana.

También se aprobó que todas las formas de comunidad familiar sean reconocidas en igualdad de derechos.

La Asamblea Constituyente aprobó, en lo general, el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, referido a Ciudad de libertades y derechos, con una votación de 83 en favor, tres en contra y tres abstenciones. En la discusión en lo particular se aprobó una reserva con la que se consagra la muerte digna.

Después de un largo debate, en la que se desecharon diversas reservas para incluir el derecho a la vida, fue aprobada la propuesta del asambleísta constituyente perredista, Jesús Ortega, quien enfatizó que todos las discusiones sobre la Constitución deben estar al margen de cualquier moral religiosa.

En su reserva al artículo 11, Apartado A, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso hacer un agregado al texto del dictamen de la Comisión de la Carta de Derechos, el cual quedó como sigue:

“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. Esta reserva fue aprobada por 56 votos en favor, 27 en contra y una abstención.

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No prosperó la propuesta

En este artículo también se aprobaron los derechos de las familias en los que se señala que todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado.

Con respecto al derecho a la vida, se manifestaron a favor las asambleístas priístas, Yolanda de la Torre y Lizbeth Hernández Lecona, los panistas Cecilia Romero y Gonzalo Altamirano Dimas; Alejandro Bustos, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social (PES), entre otros.

Entre los argumentos que se expusieron está el de que en la Asamblea Constituyente se estaba aprobando el derecho a morir y no el derecho a vivir. Negaron que se desee criminalizar a las mujeres, pero “no tenemos derecho a disponer del cuerpo de otra persona”. También se dijo que es falso que con el aborto disminuyan las muertes de mujeres y se indicó que en la Ciudad de México se da el mayor número de fallecimientos por terminación del embarazo y la mayor cantidad de embarazos entre adolescentes. También se negó que haya miles de mujeres condenadas por interrumpir sus embarazos en los estados donde se ha aprobado el derecho a la vida. Se enfatizó que los instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el derecho a la vida y que el Estado mexicano debe hacerlo cumplir, dado que los ha ratificado.

La asambleísta Hernández Lecona precisó que el derecho a la vida fue apoyado por 19 mil firmas y 16 diferentes iniciativas; mientras que la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) De la Torre, se manifestó en favor del derecho a la vida, como ya se mencionó, pero al mismo tiempo dijo apoyar el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En el mismo sentido se expresó la asambleísta designada por el Ejecutivo Federal, Beatriz Pagés.

El constituyente Altamirano Dimas aseguró que el derecho a la vida es un concepto mucho más amplio que lo referente a “desde el momento de la concepción”, por lo que insistió en incorporarlo a la Constitución. Dijo que este derecho tiene que ver con lo que vive actualmente el país en materia de ejecuciones y desaparición de personas.

Aunque las reservas sobre este tema no fueron admitidas a discusión, tampoco prosperaron las propuestas para que en materia de derecho a la integridad se agregara que toda persona tiene el derecho a disponer de su propio cuerpo.

Por su parte, la asambleísta del Movimiento Ciudadano (MC) Esthela Damián, insistió en su propuesta para incluir en la Constitución el derecho de los ciudadanos al uso recreativo y medicinal de la marihuana.

Aunque este tema estaba propuesto en el proyecto original de Constitución enviado por el jefe de Gobierno, la Comisión de Carta de Derechos lo desechó.

Argumentó que entre enero de 2006 y septiembre 2011 se registraron 47 mil 338 muertes relacionadas con el combate al narcotráfico, según datos de Presidencia de la República. En tanto, desde 2006 hasta 2011 han ocurrido 2 mil muertes por uso de drogas. “Estos números nos indican que es mucho menor el problema de muertes relacionadas directamente con el consumo de drogas que el de la violencia asociada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y por eso las autoridades deben diseñar políticas públicas en consecuencia”.

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El derecho a una muerte digna

La Asamblea Constituyente ni siquiera admitió la reserva a discusión, con una votación de 63 en contra, 16 en pro y tres abstenciones.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, Jaime Cárdenas, propuso agregar un inciso J con el título “Proscripción de un régimen policiaco militar en la ciudad”, y explicó que la militarización de México es promovida por instancias nacionales e internacionales; dijo que esa forma de organización atenta contra el régimen democrático y el Estado de derecho, y tiende a conformar un régimen autoritario militar. La reserva fue votada en contra.

También propuso que para que los servidores públicos no eludan su responsabilidad, quedara establecido en la Constitución que todas las autoridades tengan como obligación defender los derechos humanos y sus garantías. Aunque obtuvo mayoría de votos, no alcanzó mayoría calificada. De igual forma se desechó una reserva del mismo legislador sobre el acceso a la justicia y prohibición del derecho penal del enemigo.

Olga Sánchez Cordero (Constitucionalista), la perredista Dolores Padierna, el panista Santiago Creel, Bernando Bátiz por Morena, Alejandro Chanona por MC y Claudia Aguilar (Poder Ejecutivo) propusieron agregar al Apartado C, numeral 1, que no sólo las personas, sino también los grupos y comunidades tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. El propósito es facilitar el acceso a la justicia, argumentó la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el artículo 11 quedaron establecidos: el derecho a la autodeterminación personal; derecho a la integridad; derecho a la identidad y a la seguridad jurídica; derechos de las familias; derechos sexuales; derechos reproductivos; derecho a defender los derechos humanos, y acceso a la justicia y libertad de creencias.

Finalmente, dicho precepto fue aprobado en lo particular por 69 votos en pro, siete en contra y cero abstenciones.