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Constitución de la CDMX tendrá vida plena hasta el 2020

L
a entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, el pasado 17 de septiembre, inició una cuenta regresiva para el Congreso capitalino, que tendrá que crear y armonizar 150 leyes para darle vida a la Carta Magna local.

Es así que derechos de avanzada, como el derecho a una muerte digna o la mariguana con fines medicinales, no serán realidad sino hasta en unos años, podría ser 2020, cuando exista y opere el marco normativo que les dé sustento.

Los artículos transitorios de la Constitución local fijan plazos concretos a los diputados para que expidan las leyes y creen nuevas instancias, como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que deberá estar instalado como máximo el 1 de julio.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Khemvirg Puente, esto implicará que las nuevas instancias operarían hasta 2020, ya que al ser de reciente creación no tendrán presupuesto asignado en 2019, por lo que su funcionamiento se irá más allá.

Una vez que el Congreso cumpla con la armonización, el reloj iniciará una cuenta progresiva para que paulatinamente el régimen de la Ciudad de México se acople con lo que dicta la Constitución capitalina.

Al respecto el politólogo Khemvirg Puente explicó que después de la armonización se debe contemplar que “si se crea una institución encargada de garantizar los derechos, se tiene que prever un presupuesto, esto lleva a que, por ejemplo, si se aprueba en febrero de 2019, aún cuando ya esté aprobada, si no tiene presupuesto, va a operar realmente hasta el 2020”.

Y enfatizó: “llevará varios años para que nosotros demandar el ejercicio de estos derechos que aunque estén plasmados en la Constitución e incluso existan procedimientos en las leyes, tiene que haber un entramado institucional que permita el ejercicio de los mismos”.

¿TRANSPARENCIA DE AVANZADA?

Para la politóloga por el ITAM y fundadora de Visión Legislativa, María del Carmen Nava, el Congreso tiene la obligación de abrir a la ciudadanía el proceso de construcción de las leyes secundarias, para garantizar que a una Constitución de avanzada corresponda una transparencia de avanzada. La experta en materia legislativa subrayó que los actuales diputados deben alejarse de las prácticas de secrecía que adoptó la anterior legislatura, que no publicitó los dictámenes en la Gaceta Parlamentaria.