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Alertan contra un posible desbalance entre poderes en México

  • Lunes 20 de marzo de 2017
  • en México

  • Llama el Instituto Belisario Domínguez a evitar golpes de
    Estado desde el Legislativo

Nidia Marín,

Segunda y Última Parte

¡Cuidado con el desbalance entre poderes! ¡Cuidado con abrir
escenarios “para posibles golpes de Estado desde el Poder
Legislativo”!

De ahí que sea necesario valorar los objetivos originales de
las figuras jurídicas -fuero, inmunidad parlamentaria y juicio
político- para el funcionamiento de la democracia mexicana. Mas,
se debe evitar la persecución judicial con intenciones de acoso
políticamente interesado (inmunidad judicial), permitir la
libertad de expresión de los representantes legislativos (fuero
parlamentario) y contar con un instrumento de control mínimo
necesario del Poder Ejecutivo (juicio político).

Ello, además de responder y enfrentar el contexto de exigencia
ciudadano, señala el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de
la República, el cual también expone que el diseño de tales
instrumentos también “debe atender los conflictos potenciales
que pueden surgir de la corrupción, la obstrucción de la
justicia, la revelación de información clasificada y el abuso de
poder”.

Advertencia: “
La eliminación de una de estas figuras
o la transformación de su propósito original puede provocar
desbalance entre poderes. En el caso del fuero, si este es
eliminado podría facilitar la persecución
política”.

El planteamiento hecho en las consideraciones finales del
documento del IBD, dado a conocer en “Temas Estratégicos número
41”, refiere que aunque hay un esfuerzo social e institucional
por establecer fiscalías independientes en el país, a raíz de
las reformas de justicia y de anticorrupción, dicho proceso no ha
concluido “por lo que el riesgo de la persecución política no
desaparece por completo”.

Respecto de la inmunidad parlamentaria, expone la realidad:
aunque sólo se ha propuesto acotar su funcionamiento a las
sesiones de los congresos, los legisladores tienen funciones de
representación también fuera de las mismas, pero la discusión
pública no sólo reside en el parlamento, también en los medios
de comunicación y en las plazas públicas.

En relación al juicio político dice que, si éste deja de ser
por causas graves y se substituye por criterios políticos
interpretables por el legislador, “es posible que se abran
escenarios para golpes de Estado desde el Poder Legislativo”.

De ahí que “la precisión y acotamiento de estas
figuras es recomendable incluso por lo que pueda contribuir a
facilitar la aplicación de la justicia”.

Son admoniciones realizadas por los estudiosos, cuando están a
punto de cumplirse cinco años de aquel compromiso del Pacto por
México de realizar una “revisión global de los fueros” y
reordenar “el marco de fueros para que nadie tenga
privilegios”.

Aquella historia que se inició entonces (2 de diciembre de
2012) casi dos meses y medio después (el 28 de febrero de 2013),
fue retomado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados y aprobado un proyecto de modificación de la
Constitución sobre temas de fuero y juicio político que le había
sido enviado del Senado en 2011.

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Tal proyecto, recuerda la institución de investigación de la
Cámara Alta, se fundamentaba en diversas iniciativas presentadas
desde 2007 y 2011 por el entonces senador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez Álvarez y los
entonces legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), los
senadores Guillermo Tamborell Suárez y Sebastián Calderón
Centeno y el diputado Javier Corral Jurado (Cámara de Diputados,
2013).

Y seguirían diversos caminos.

CARAMBOLA DE MUCHAS BANDAS EN LA REPÚBLICA

El tema cundió tanto en el país que, en la Ciudad de México,
en su nueva Constitución local, se prohibieron los fueros para
todos los funcionarios públicos locales, incluido el jefe de
Gobierno, los diputados y los magistrados; la Constitución
entrará en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018.

A su vez, en Guanajuato, -relata el IBD-,el 16 de diciembre de
2016, con el voto unánime del Pleno del congreso local, se
aprobaron las reformas a la Constitución del Estado con las que se
eliminó el fuero, se delimitó la inmunidad parlamentaria y se
redefinieron y agilizaron los procesos para iniciar un juicio
político, con la finalidad de que la ley se aplique a todos por
igual, buscando preservar el equilibrio entre poderes.

El caso más reciente de eliminación del fuero ocurrió en Baja
California, en donde el congreso local aprobó, por unanimidad, el
pasado 9 de marzo, una iniciativa de reforma a la Constitución
local. “En la reforma se establece que para proceder penalmente
contra funcionarios de elección popular (gobernador, diputados
locales, presidentes municipales, regidores) y otros servidores
públicos (magistrados del Poder Judicial, secretario General de
Gobierno, procurador General de Justicia, entre otros) será
suficiente con que se dicte auto de vinculación penal, en los
términos de la legislación local aplicable. Para que la reforma
entre en vigor, debe ser aprobada por al menos tres de los cinco
cabildos de los correspondientes ayuntamientos del estado.

Pero no es todo, porque explica la existencia de un segundo
grupo de estados en los que aún no se aprueba la desaparición del
fuero, pero que cuentan con iniciativas (más de una iniciativa en
algunos) que, en diferentes modalidades, van en ese sentido y que
están en proceso de discusión en los congresos locales. Es así
en los Congresosde 20 estados: Aguascalientes, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

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Veracruz se cuece aparte porque el 30 de noviembre de 2015, el
entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó una
iniciativa para establecer la legislación que creaba el Sistema
Estatal Anticorrupción. En la propuesta se incluyó la
eliminación del fuero. “La iniciativa fue aprobada en el
Congreso estatal pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación
anuló la reforma porque fue discutida, aprobada y entró en vigor
antes de que el Congreso de la Unión expidiera las leyes
reglamentarias de la reforma constitucional anticorrupción, que
darían la pauta para las reformas correspondientes en el ámbito
de los estados”, precisa.

Del análisis y sistematización de las iniciativas, aprobadas y
en proceso, para eliminar o acotar el fuero legislativo y de
funcionarios del Poder Ejecutivo en los estados del país, explica,
se identifican los siguientes resultados generales:

-Son 33 iniciativas en discusión en 19 Congresos
estatales: Aguascalientes (2); Baja California Sur (1); Chihuahua
(1); Coahuila (1); Colima (4); Durango (1); Guerrero (1);
Michoacán (1); Nayarit (1); Nuevo León (2); Oaxaca (3); Puebla
(2); Quintana Roo (1); San Luis Potosí (1); Sinaloa (3); Sonora
(2); Tabasco (2); Yucatán (2); y, Zacatecas (2).

-Hay 7 entidades federativas donde ya fue eliminado el fuero:
Jalisco, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Morelos, Baja California
y Ciudad de México, aunque en este último caso la normativa
constitucional entrará en vigor hasta septiembre de 2018.

-Suman 2 los estados donde el fuero no se eliminó por completo,
pero sí fue acotado: Morelos y Chiapas.

-Hay un estado donde la reforma fue invalidada por la SCJN:
Veracruz

-Todavía son 4 estados sin iniciativas en discusión: Estado de
México, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala. No obstante, en todos los
casos, algunos grupos parlamentarios en los congresos locales, o el
titular del Ejecutivo estatal han anunciado su intención de
presentar una iniciativa en el corto plazo.

-En Aguascalientes el Congreso rechazó una iniciativa para
eliminar el fuero, pero después de presentaron dos nuevas
iniciativas.

-En Veracruz no hay iniciativas en discusión por el momento,
pues a finales de enero de 2017 se votó en contra de una propuesta
del diputado local Bingen Rementería Molina (PAN).

Así está la situación.

ELIMINACIÓN DEL FUERO EN CASOS DE
FLAGRANCIA

En las consideraciones finales del documento del Instituto
Belisario Domínguez hay sugerencias.

“Parece prudente, dice, atender algunas observaciones y
críticas razonables a la eliminación del fuero, por ejemplo, se
podría reglamentar que el fuero opere de forma expedita en
circunstancias de flagrancia y que en casos de delitos del orden
común proceda un juicio con el legislador o funcionario en
libertad, mientras que, en casos de delitos graves, de corrupción
y de violaciones de derechos humanos, se lleve a cabo un
procedimiento de destitución más ágil.

“El establecimiento de comités de ética, independientes, de
raíz ciudadana, que vigilen potenciales casos de conflictos de
interés de legisladores, especialmente, pero no de forma
exclusiva, en los procesos de aprobación del presupuesto.

“En el caso de la inmunidad parlamentaria, podría
reglamentarse qué tipo de información debería dejar de usarse -o
usarse con restricciones- en declaraciones públicas (por ejemplo,
documentos clasificados de seguridad) y establecer que todos los
legisladores, en un juicio de carácter penal, deban declarar bajo
juramento y pena de ser perseguido por el delito que corresponda,
no importando su condición de parlamentario. Por último, parece
igualmente relevante revisar el actual mecanismo de inicio del
juicio político en dos aspectos: en primer lugar, si son
suficientes los delitos graves del orden común para iniciar un
juicio político, y en segundo lugar, revisar la funcionalidad y
operabilidad del mecanismo que existe actualmente”.