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El otoño en el que se inició la guerra contra el narco y sacó al Ejército a las calles

  • Sábado 18 de febrero de 2017
  • en México

Nidia Marín, Primera de dos partes

Aquella mañana de finales del otoño, el parteaguas en la manera de concebir, administrar y atender el problema de la criminalidad en México había sido trazado. El punto de quiebre, que daba pie al arranque de una política nacional de combate frontal al narcotráfico con el despliegue de las Fuerzas Armadas en operativos de carácter permanente, estaba escrito. Hoy, la historia de la seguridad interior está inserta en la polémica y se reescribe.

Pero en aquel tiempo, la línea divisoria con el pasado se delineaba 120 horas después del arribo a la “Silla del Águila” de Felipe Calderón Hinojosa. Ocurrió el 6 de diciembre, durante la inauguración del Foro de Inversiones y Cooperación Hispano Mexicano. Dijo en un discurso:

“Tengan ustedes la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales, de vida y libertad de todos”.

Pasados cinco días, el 11 de diciembre de 2006, se hizo el anuncio oficial. Momento inolvidable fue aquel cuando, en una conferencia de prensa en Los Pinos, fue desglosada la Operación Conjunta Michoacán por los secretarios de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña; de la Defensa, general Guillermo Galván Galván; de la Marina, Francisco Saynez Mendoza; de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

“En acuerdo con el gobernador del Estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, informamos a los mexicanos el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, con un despliegue de más de cinco mil efectivos para esta operación, en la cual se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimientos de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas”, advertiría Ramírez Acuña.

Llegaba una guerra interna, una drástica política contra el narcotráfico. Quedaba reforzada con el anuncio del general secretario: la instalación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Inteligencia en el cuartel general de la Zona Militar número 43, en Apatzingán, Michoacán, el centro neurálgico de la tierra caliente.

Hoy, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República recuerda que antes de aquel cambio político “los operativos militares contra el narcotráfico tuvieron, por regla general, plazos acotados y objetivos específicos –esencialmente erradicación de cultivos y bloqueo de alguna ruta de trasiego–. Incluso el Operativo México Seguro de 2005, anunciado con objetivos más amplios de seguridad pública, tuvo metas específicas y una duración acotada”.

El camino seguido durante poco más de 10 años ha sido abrupto y sangriento. El trabajo para recomponerlo ha sido arduo y cargado de propuestas y…de maledicencia, pero está en marcha en el Congreso de la Unión.

InEFICACIA DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Las iniciativas que podrían dar pie al nuevo esquema de la Ley de Seguridad Interior, donde se propone la regulación de la actuación de las Fuerzas Armadas de México (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) son revisadas y analizadas comparativamente en la publicación del IBD número 121 de Mirada Legislativa.

Un recordatorio, realizan los analistas: De acuerdo con la legislación mexicana, la seguridad interior es (junto con la defensa exterior) una de las dos vertientes de la seguridad nacional; el artículo 89 constitucional faculta y obliga al Presidente a preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

El IBD señala, por ejemplo, que uno de los puntos de partida de las iniciativas es la ineficacia de las autoridades locales (sean entidades federativas o municipios) para hacer frente a las diversas amenazas a la seguridad interior.

Entre los objetivos principales de las mismas, dice, está otorgar certeza y seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas y federales, así como a las corporaciones locales, pero sobre todo a la población, acerca de la actuación de las primeras en asuntos de seguridad interior.

Precisa que las iniciativas contemplan mecanismos de evaluación e incentivos para que las corporaciones locales retomen (o en su caso no dejen de lado) sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública.

El tema de los derechos humanos, expone, es un aspecto que ha destacado y el que, población en general, expertos, analistas, periodistas y los mismos legisladores, han puesto sobre la mesa como prioritario a atender en la regulación de la actuación de las Fuerzas Armadas.

Hace notar la publicación que la ley de seguridad interior se enriquece con el contenido de las cuatro iniciativas, pero también con la pluralidad de voces en el Congreso, y las opiniones de los expertos en la materia.

En el examen, precisan que las propuestas de los legisladores Roberto Gil Zuarth (PAN), Miguel Barbosa (PRD), y César Camacho (PRI) tratan la expedición de una Ley de Seguridad Interior, mientras que la del diputado Jorge Ramos (PAN), es la reforma y adición a la Ley de Seguridad Nacional. “Las cuatro tratan el mismo tema, tienen el mismo alcance, y poseen más coincidencias que discrepancias, y en todo caso, hay elementos en cada una de ellas que podrían ser complementarios entre sí”, mencionan.

Tras el análisis comparativo, en sus comentarios finales, en el trabajo del Belisario Domínguez se asientan particularidades de las propuestas.

Todas -dicen-, aunque cada una con sus particularidades, pretenden determinar los casos específicos en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir, así como las características de su actuación dando atención a la temporalidad o vigencia, la delimitación geográfica de las operaciones, el tema de los derechos humanos y sus garantías, así como los demás principios rectores de los protocolos y acciones enfocados a la seguridad interior.
EL DELICADO USO DE LA FUERZA

En general, consideran que las regulaciones propuestas por los cuatro legisladores tienen más similitudes que diferencias, que podrían complementarse entre sí en varios aspectos.

Ejemplifican con el abordaje del delicado tema del uso legítimo de la fuerza. Lo explican:

“Mientras que el diputado Camacho define al uso legítimo de la fuerza como la “utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”, el senador Gil Zuarth añade explícitamente que ésta debe ser ”bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad interior, conforme a los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respeto a los derechos humanos.”

El diputado Ramos, agregan, prevé además la emisión de una Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza “en un plazo no mayor a doce meses, a partir de la entrada en vigor del decreto” en tanto que el senador Barbosa coloca en su propuesta que “las autoridades que implementen las acciones dispuestas por el Decreto deberán someter su actuación, en todo momento y sin excepción, a los protocolos vigentes emitidos por las autoridades civiles correspondientes en materia de (entre otros) el uso de la fuerza.”

En contraste con este aspecto del ejemplo mencionado, precisan, hay otros que destacan por ubicarse en una sola de las iniciativas, como son los temas encontrados en las propuestas de los legisladores Barbosa y Gil Zuarth.

“En la iniciativa del senador Barbosa destaca, por un lado, la prohibición de considerar a las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales como amenazas a la seguridad interior; y por otro, la obligación hacendaria de descontar participaciones federales, en el ramo de seguridad pública, al Gobierno de la entidad federativa o municipio por el servicio que realiza la federación a causa de su incapacidad institucional.

“Por su parte, el senador Gil Zuarth propone la creación de las denominadas Fuerzas Especiales de Apoyo Federal (mismas que se han mencionado en este documento), las que se configurarían como un cuerpo de élite perteneciente a la milicia cuyas características sean propicias para atender afectaciones a la seguridad interior bajo un adiestramiento y doctrina especial que privilegie el respeto a los derechos humanos”.

La Ley de Seguridad Interior, concluyen, se enriquece con el contenido de las cuatro iniciativas, no obstante, también es importante la pluralidad de voces en el Congreso, y las opiniones de los expertos en la materia, ya que este prospecto de ley, es uno de los más importantes en la agenda nacional de 2017.

(Continuará)