El conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de su partido, Morena, con el Poder Judicial de la Federación escaló ayer en una acción sin precedente de jueces y magistrados en la historia moderna del país.
Los juzgadores acusaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo de “debilitar el sistema de frenos y contrapesos” del sistema democrático en México con una “campaña de desprestigio” por sus remuneraciones mensuales. No ganamos 600 mil pesos, espetaron.
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público”, expresó en un pronunciamiento el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial, Luis Vega Ramírez.
La lectura del posicionamiento se realizó en 30 sedes al interior de la República, en donde participaron mil 410 juzgadores.
“El juzgador debe ser silencioso y prudente en su vida pública. Sin embargo, estamos hoy aquí, de manera inédita, refrendando nuestro compromiso con la Ley y la Constitución, ejerciendo nuestros derechos, todo dentro de los cauces de la legalidad”, expresó Vega Ramírez.
De inmediato, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró que llegó el momento de que ningún poder intente subordinar a otro y recalcó que para él los altos salarios en el Poder Judicial de la Federación “son una arbitrariedad”.
“Son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita, y que está demandando la gente, ni con la justicia”, enfatizó.
El diferendo entre los titulares del Ejecutivo y del Judicial por los altos salarios de los juzgadores ha marcado la transición y el inicio de gobierno. Además, la mayoría de Morena en el Senado ha empujado una agenda sensible para los ministros, jueces y magistrados.
Monreal argumenta que la decisión de frenar la ley de tope de salarios daña la economía nacional y vulnera el interés social. Además, aduce que la suspensión a la aplicación de la ley “genera incertidumbre para el proceso de Presupuesto 2019 y afecta el interés nacional; se invaden poderes y se viola la ley”.
Monreal Ávila elaborará su impugnación a partir del artículo 64 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, bajo el argumento de que “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a suspender la norma cuestionada”.
En la Cámara de Diputados, el líder de Morena, Mario Delgado, dijo que continuarán la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, con base en los ahorros que pueden generar con la disminución de salariaros.
Sobre el tema también habló el constitucionalista y diputado Pablo Gómez (Morena): “Desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, la situación general no se ha modificado con la suspensión emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán”, y se debe garantizar el presupuesto del siguiente año.
