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La misoginia politica va en aumento: en la Fepade suman 156 casos

  • Sábado 22 de abril de 2017
  • en México

* Entre 2012 y 2016 se detectaron 156 casos de violencia política contra las mujeres y, la mayor incidencia de éstos ocurrió en el proceso electoral de 2015, revela la Fepade

  • Nidia Marín

La misoginia política se incrementa en la República Mexicana (representada, además, por las denominadas “juanitas”).

¿Ejemplos? Una aspirante fue azotada por su abuelo frente a las autoridades; a otra le dijeron “pendeja” y la insultaron por horas, presuntamente por parte de un magistrado, además de amenazarla; a una más, le hicieron cansado el papeleo y le ocultaron información; a la candidata que ganó la obligaron a renunciar…

Hubo a quien le colocaran en puentes peatonales pancartas, como la que rezaba: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón” y otra en la que se leía: “la panocha en las coyotas, ¡no en palacio!” (panocha es el dulce de piloncillo con el que se rellenan las “coyotas”, un postre tradicional sonorense, pero también son los órganos femeninos). Y en el colmo, una aspirante fue secuestrada. ¡Ufff!

Esto ocurrió en los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Chiapas, Sonora y Guerrero, respectivamente.

Pero no son todas éstas, las entidades que tienen el cetro de la misoginia política, sino la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. Concentran el mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de Violencia Política contra las Mujeres.

Conforme a estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, entre 2012 y 2016 se detectaron 156 casos de violencia política contra las mujeres −no averiguaciones previas y carpetas de investigación- y, la mayor incidencia de casos ocurrió en el proceso electoral de 2015, año en cual se realizaron elecciones en todo el país.

Una de las explicaciones que se aducen sobre el incremento de dicho delito (de acuerdo con el análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, dado a conocer en el número 122 de “Mirada Legislativa”) tiene que ver con que, derivado de la reforma político-electoral de 2014, aumentó la participación de las mujeres en los procesos electorales federales y locales al adoptar la paridad en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados, así como para los ayuntamientos.

Ha sido tal la agresión política contra las féminas que, para las elecciones de junio de este 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México han unido esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

Además, como señala el propio IBD, en reconocimiento de que la violencia política contra la mujer es un obstáculo que persiste para el ejercicio en los derechos político-electorales de ellas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), construyeron y firmaron en 2016 el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer.

En México, advierte “Mirada Legislativa”, en sus datos relevantes, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género.

Recuerda que el 9 de marzo de 2017, el Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos, a fin de prevenir, atender y sancionar dicho delito, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres. La minuta se envió a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo y ahí permanece, no obstante que…

De acuerdo con la Fepade, entre 2013 y 2016 se detectaron 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016.

Por si fuera poco, de los casos de denuncias por violencia política de género, 10 son sobre hechos que lesionan directamente los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, según información de la Fepade.

Y es que, no obstante que el mayor porcentaje de votantes en la República son mujeres, no existe un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia.

“En nuestro país, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguir y sancionar los hechos que podrían constituir violencia política y, especialmente, la violencia política contra las mujeres por razón de su sexo”, precisa.

De ahí la minuta que yace en San Lázaro, independientemente de que la Fepade, como organismo responsable de atender lo relativo a los delitos electorales, ha señalado algunas conductas que podrían catalogarse como violencia política.


SIETE PECADOS ELECTORALES EN CONTRA DE LAS MUJERES

El pasado enero (2017), la Fiscalía publicó el Informe sobre la atención de Violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y Avances (2013-2016), en el que señalan las siete conductas delictivas que implican violencia política:

1 Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones.

2 Impedir la instalación o clausura de una casilla (violencia como agravante).

3 Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado.

4 Hacer mal uso de materiales o documentos públicos electorales, apoderamiento.

5 Hacer mal uso de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales.

6 Obstruir el desarrollo normal de la votación. Así como ejercer presión en ejercicio de sus funciones, sobre los electores.

7 Obstaculizar el desarrollo normal de la votación o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales.


TESTIMONIOS SOBRE LAS AGRESIONES

Los ejemplos abundan, pero “Mirada Legislativa” se detiene solo en algunos casos de violencia política (espeluznante) contra las mujeres, cometida, de acuerdo a la Fepade, durante el proceso electoral federal de 2015 y los procesos locales ordinarios y extraordinarios de 2016:

Oaxaca

La autoridad citó a Gabriela Maldonado Rivera en el Palacio Municipal de San Martín Peras, donde la llevaron en patrullas. En el lugar se encontraba su abuelo, quien fue obligado a azotarla con un látigo por haber retado a una autoridad, mientras los policías la ataron de pies y manos. Los golpes duraron hasta que la mujer mixteca quedó inconsciente. La agresión derivó de su interés por participar en política. La Defensoría para los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente de queja DDHPO/SJ/56/ /OAX/.

Quintana Roo

El 31 de agosto de 2016, Claudia Carrillo Gasca presentó una denuncia en su calidad de consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra de diversas autoridades de la entidad, incluidos algunos consejeros y representantes de partidos políticos que forman parte del órgano electoral local, por actos que consideró constitutivos de violencia política. En su denuncia, la consejera narró detalladamente treinta y dos hechos en su contra. Por poner un ejemplo, mencionó haber sufrido amenazas en los siguientes términos:

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“…Inmediatamente, al salir de la oficina del referido magistrado, me llamó a mi número privado de celular el lic. […] para decirme que el Magistrado Presidente… ya le había dicho que me puse pendeja (sic), infiriéndome diversas groserías hacia mi persona, desvalorizándome por ser mujer, exigiéndome obediencia a él, al multicitado magistrado y al lic. […], Gobernador Constitucional del Estado; dicha llamada tuvo una duración de aproximadamente cuarenta minutos, donde no me dejaba hablar y me amenazaba que si colgaba la llamada me iría mal, a mí y a mi familia, a lo que me dio temor pues soy madre soltera de una menor de siete años, es importante decir que testigos de la llamada en ese momento se encontraban los consejeros…

* San Luis Potosí

Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, señaló ser víctima de violencia política por parte de los integrantes del Tribunal Electoral de la entidad y del secretario general de Acuerdos, al impedir el correcto desempeño de sus funciones. Su denuncia resaltó la falta o retraso de convocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, amenazas, supuestos bonos por productividad a sus compañeros que ella no recibe y la revisión de su computadora sin su consentimiento, entre otros actos.

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Chiapas

El 25 de mayo de 2016, la presidenta municipal de Chenalhó fue obligada a renunciar a su cargo tras el secuestro de dos diputados locales del PVEM. Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF resolvió la sentencia SUPJDC-1654/2016, por la cual se revocó el decreto del Congreso local que aprobó su renuncia y demandó reincorporarla a su cargo. Asimismo, vinculó a las autoridades de la entidad para que proporcionaran las condiciones de seguridad necesarias para que ella y su cabildo pudieran desempeñar sus cargos.

 Sonora

En abril de 2015 fueron colocadas dos pancartas en puentes peatonales del boulevard Luis Encinas con mensajes misóginos sobre la participación de las mujeres en el proceso electoral. Una señalaba: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón” y se ilustraba con la silueta de una mujer embarazada. Otra tenía la leyenda: “la panocha en las coyotas, ¡no en palacio!”

Guerrero

El 11 de marzo de 2015 la precandidata por el PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue encontrada decapitada en una comunidad de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político. Por su parte, el 12 de mayo de 2015 la candidata a diputada local, Silvia Romero Suárez, fue secuestrada mientras se encontraba en campaña electoral en los municipios de Arcelia y Tlapehuala. Un día después fue liberada por sus captores.

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De ahí que en sus consideraciones finales, Mirada Legislativa señala lo necesario que resulta legislar en materia de violencia política contra las mujeres, pues de ello depende que este sector de la población esté en igualdad de condiciones con los hombres para desarrollarse en el ámbito político-electoral.

En particular, dice, la Fepade ha señalado la importancia de hacer una modificación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de que la violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral.

Y remata: de aprobarse la minuta enviada a la Cámara de Diputados, México se convertiría en el segundo de la región Latinoamericana en tipificar la violencia política de género como un delito electoral. Con ello, nuestro país se adecuaría a lo acordado en la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres (2015).