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México ha deportado a 3 delincuentes italianos en 10 años

  • Miércoles 12 de abril de 2017
  • en México

*Sería el exgobernador de Tamaulipas el primer extraditado de Roma

Segunda y última parte

Mientras hay apuestas sobre el destino del exgobernador de Tamaulipas recientemente detenido en Florencia y la pregunta gira en torno de si ¿extraditarán de Italia hacia México a Tomás Yarrington Ruvalcaba?, el convenio para ello entre las dos naciones está en vigor.

En julio de 2011, México e Italia signaron el Tratado de Extradición de ambos países. También se signó un tratado de asistencia jurídica. En aquel momento la procuradora mexicana firmante fue Marisela
Morales.

Sin embargo, como las notificaciones a que se refiere el artículo 23 del Tratado, fueron recibidas en la Ciudad de México, tanto el veinticuatro de abril de 2012 como el seis de agosto de 2015, para su debida observancia y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicado un Decreto promulgatorio el 23 de septiembre de 2015, signado por el presidente Enrique Peña Nieto y la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu.

Además, en los hechos, la colaboración entre ambas naciones existe, aunque las extradiciones entre México e Italia no hayan sido lo común. Sin embargo, en 2007 por ejemplo, nuestro país cumplió con el compromiso y envió de regreso a Enrico Carella, responsable del incendio del teatro La Fenice de Venecia, en 1996.

Lee aquí la primera parte: Este año, más extradiciones de criminales; ya van cinco

Carella había permanecido detenido en Quintana Roo, desde noviembre del 2002 a solicitud del Gobierno italiano.

Recientemente el viernes 10 de abril fue detenido en Ciudad Madero, Tamaulipas el mafioso italiano Giulio Perrone, uno de los fugitivos inscrito en la lista de más buscados de Italia desde hace una década, por traficar con cocaína. Había sido condenado a 21 años de prisión en su país.

Otro presunto delincuente italiano detenido es Iván Fornari, en Playa del Carmen, Quintana Roo, a mediados de marzo pasado. Fue la Policía de Cagliari, Cerdeña, la que lo ubicó tras la publicación en redes sociales de sus fotografías, gracias a la cual la Interpol-México avisó a la italiana. La Policía mexicana lo detuvo y lo deportó. El cargo contra este hombre es tráfico de drogas y deberá pasar más de cinco años en prisión.

Colaboración, pues, existe, más allá de que en 2011 ambos Gobiernos decidieron firmar por tres
razones:

Con el deseo de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos países y la intención de reprimir la delincuencia, con base en el respeto recíproco de la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuos.

También al considerar “la necesidad de abrogar el Tratado para la Extradición de Criminales firmado por las Partes Contratantes en la Ciudad de México el 22 de mayo de 1899, sustituyéndolo por un tratado con disposiciones más actualizadas y completas”.

Y tras la consideración de “que dicho objetivo se puede conseguir mediante la celebración de un nuevo instrumento bilateral que establezca el marco jurídico para efectuar acciones comunes de cooperación en materia de extradición”.

Así, las partes contratantes se comprometieron “a extraditarse, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, y a solicitud del Estado Requirente, a las personas reclamadas que se encuentren en su territorio y cuya presencia sea solicitada por el Estado Requirente para dar curso a un procedimiento penal o para ejecutar una sentencia definitiva que implique una pena privativa de la libertad u otra medida restrictiva de la libertad personal en su contra”.

LA ENUMERACIÓN DE LOS DELITOS

En el documento se enumeran los delitos por los cuales se podría aplicar el tratado y la extradición podría ser concedida:

“a) la solicitud de extradición se formule para dar curso a un procedimiento penal que, de conformidad con la legislación de ambos Estados, sea punible con una pena privativa de la libertad de al menos un (1) año;

“b) la solicitud de extradición se formule para ejecutar una sentencia definitiva por un delito que conforme a la legislación de ambos Estados sea punible con una pena privativa de la libertad u otra medida restrictiva de la libertad personal, y en el momento de presentar la solicitud, la duración restante de la pena sea de al menos seis (6) meses.

“2. Para determinar si de acuerdo con el numeral 1 del presente Artículo, un hecho constituye un delito conforme a la legislación de ambos Estados, no importará si la legislación de cada uno de los Estados califica en forma distinta los elementos constitutivos del delito, o si ésta no lo denomina con la misma terminología.

“3. Para delitos en materia de impuestos, contribuciones, derechos de aduana y control de cambios, la extradición no podrá ser denegada por el hecho de que la legislación del Estado Requerido no imponga el mismo tipo de tasas e impuestos, o no establezca un tratamiento similar en materia de impuestos, contribuciones, derechos de aduana y control de cambios que la legislación del Estado Requirente.

“4. La extradición se concederá aun cuando el delito objeto de la solicitud se haya cometido fuera del territorio del Estado Requirente, siempre y cuando la legislación del Estado Requerido permita la persecución de un delito de la misma naturaleza cometido fuera de su territorio.

“5. Si la solicitud de extradición se refiere a dos o más delitos, de los cuales cada uno constituya un delito de conformidad con la legislación de ambos Estados y siempre y cuando uno de ellos satisfaga las condiciones previstas en los numerales 1 y 2 del presente Artículo, el Estado Requerido podrá conceder la extradición por todos esos delitos.”

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POR QUÉ HABRÍA UNA NEGATIVA

Sin embargo, en su artículo tercero, el documento habla de “Denegación Obligatoria” por lo cual no se concedería la extradición:

“a) si el delito por el cual se solicita está considerado conforme a la legislación del Estado Requerido como un delito político o como un delito conexo a un delito semejante.

Para tal efecto:

“i) el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no serán considerados como delitos políticos;

“ii) no serán considerados como delitos de naturaleza política los delitos de terrorismo, ni cualquier otro delito excluido de tal categoría de conformidad con los tratados, convenios, o acuerdos internacionales de los que ambos Estados sean partes;

“b) si el Estado Requerido tuviera motivos fundados para considerar que la solicitud de extradición hubiera sido presentada con objeto de perseguir o castigar a la persona reclamada por motivos de raza, sexo, religión, condición social, nacionalidad u opiniones políticas, o bien si la posición de dicha persona en el procedimiento penal pudiera verse perjudicada por uno de estos motivos;

“c) si el delito por el cual se solicita la extradición es castigado por el Estado Requirente con una pena prohibida por la legislación del Estado Requerido;

“d) si el Estado Requerido tuviera motivos fundados para considerar que, en el Estado Requirente, la persona ha estado sometida o será sometida, por el delito por el cual se ha solicitado la extradición, a un procedimiento que no garantice el respeto a los derechos mínimos de defensa, o a un trato cruel, inhumano, degradante o a cualquier otra acción u omisión que viole sus derechos fundamentales. El hecho de que el procedimiento se haya desarrollado en rebeldía, no constituye en sí mismo motivo para denegar la extradición;

“e) si la persona reclamada ya ha sido juzgada definitivamente por las autoridades competentes del Estado Requerido, por los mismos delitos que originaron la solicitud de extradición;

“f) si los delitos que originaron la solicitud han prescrito, o por cualquier otra causa de extinción del delito o de la pena, de conformidad con la legislación del Estado Requerido;

“g) si el delito por el cual se solicita la extradición constituye un delito militar de conformidad con la legislación del Estado Requerido;

“h) si el Estado Requerido hubiera concedido refugio o asilo político a la persona reclamada;

“i) si el Estado Requerido considera que el otorgamiento de la extradición puede comprometer su soberanía, seguridad nacional, orden público u otros intereses esenciales del Estado, o tener consecuencias opuestas a los principios fundamentales de su legislación nacional.”

Otras cuestiones para no conceder la extradición son los motivos de denegación discrecionales:

“a) si el delito por el cual se solicita la extradición recae en la jurisdicción del Estado Requerido de conformidad con su legislación interna y la persona reclamada se encuentra sometida o será sometida a un procedimiento penal por las autoridades competentes de dicho Estado por el mismo delito;

“b) si, teniendo en cuenta la gravedad del delito y los intereses del Estado Requirente, el Estado Requerido considera que la extradición no sería compatible con aspectos de carácter humanitario en razón de la edad, el estado de salud, u otras condiciones individuales de la persona reclamada.”

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