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Pacto cuestionado, divide a los legisladores

  • Martes 10 de enero de 2017
  • en México

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado ayer por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los líderes empresariales, sindicales y productores del campo, dividió opiniones entre los partidos políticos como el PAN, PRI, PRD, PVEM, PES, Morena y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, donde algunos lo apoyaron; mientras que otros lo calificaron de “insuficiente” y “demagógico.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, Javier Bolaños, señaló que el acuerdo para fortalecer la economía nacional va por el camino adecuado pero es insuficiente.

Bolaños Aguilar agregó que la solución es bajar el impuesto especial a las gasolinas.

En tanto, el coordinador del PRD, Francisco Martínez calificó como “demagogos” las declaraciones hechas ayer por el Ejecutivo federal y señaló que la austeridad todos deben sumarse, pero de manera cotidiana, no solo por la coyuntura.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri,

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri,

En entrevista, el diputado perredista cuestionó la decisión de ordenar una reducción de solo 10 por ciento en el salario de los altos funcionarios, para luego preguntar ¿Por qué no 20 por ciento, por qué no 30 por ciento o más?

En tanto, el diputado del PRI, Jorge Estefan reconoció que el Gobierno federal tiene muy poco margen de acción para enfrentar los efectos del exterior que están afectando al país, entre ellos, el aumento al precio de los combustibles.

Sin embargo, puntualizó que reducir los impuestos especiales a las gasolinas sería como entrar en callejón sin salida y los panistas tendrían qué aclarar de dónde saldrán los recursos que la Federación dejaría de captar.

A su vez, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que el acuerdo que firmó el gobierno federal no va a servir de nada y retó al Ejecutivo federal a sentarse a discutir en lo inmediato medidas de austeridad que contribuyan a obtener los recursos que la federación pretende captar a través del llamado “gasolinazo”.

“El PRD lo reta, exige abiertamente a Peña Nieto que nos sentemos de inmediato a discutir medidas de austeridad. Los puntos que hoy propone con los sectores obrero y patronal, y que forman parte de un dizque Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, no van a servir de nada”, enfatizó.

Los titulares de las secretarías de Economía y del Trabajo y los directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) suscribieron ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

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Zambrano Grijalva criticó que el Ejecutivo federal no haya echado abajo el llamado “gasolinazo” y que, por el contrario, “nos amenazan con que “vienen otros desafíos y retos para el país porque este, el del gasolinazo, no es el único”.

Dijo que las medidas que debería adoptar el gobierno federal es echar atrás el “gasolinazo y decretar un aumento salarial de emergencia al nivel que ha señalado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 89 pesos”.

“Lo que hoy debió haber dicho claramente Peña Nieto era: Soy sensible, voy a tomar en cuenta la enorme protesta social que se está dando en el país, voy a sentarme con los legisladores para discutir en dónde podemos hacer recortes que no afecten a los programas sociales y, por lo tanto, que todo mundo nos apretemos el cinturón”, destacó.

Insuficiente contra efectos en los aumentos a los precios: PAN

El PAN en la Cámara de Diputados consideró que el acuerdo que firmó ayer el Gobierno federal y organizaciones de la empresa privada y trabajadores es insuficiente para contener los efectos del aumento al precio de los combustibles, aumento que entró en vigor el pasado primero de enero.

Ese instituto político agregó que el acuerdo firmado con representantes de los sectores productivos es un “catálogo de buenas intenciones” y un mero “paliativo” para hacer frente al impacto que ya tiene el “gasolinazo” en la economía nacional y familiar.


No soluciona la crisis política, económica y social: senadores


En la Cámara de Senadores las bancadas del PAN y del PRD confrontaron nuevamente las posturas sobre el tema del gasolinazo y los anuncios del Presidente de la República en esa materia, así como en el llamado Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía y de la Protección de la Economía Familiar.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideraron que las medidas anunciadas por el Gobierno federal en dicho acuerdo no son novedosas, que carecen de claridad y no van al fondo de solución que se requiere para atender la crisis política, económica y social que aqueja al país, insistieron en que la respuesta urgente es ajustar el IEPS.

A su vez, en conferencia el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que lo que realmente expresa dicho acuerdo es la unidad del Gobierno y de la derecha en contra del descontento del pueblo.

El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa.

El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa.

 

El legislador poblano lo definió como un acto de apoyo al Ejecutivo Federal con efectos nulos en beneficio de la economía de las familias, que “rememora los formatos del priísmo tradicional donde solo se realizaba un monólogo y la crítica estaba ausente”.

En principio, la coordinación parlamentaria del blanquiazul encabezada por Fernando Herrera Ávila, aseguró que se requiere de un verdadero acuerdo nacional, más inclusivo, que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, consideró de mayor efectividad disminuir el gasto público en 150 mil millones de pesos, adicionales a los ya anunciados, aprovechando que durante 2015 y 2016 no se llevaron a cabo los recortes anunciados en su oportunidad, en ese sentido, llamó a revisar los capítulos 1000 y 3000 del gasto público y aplicar mayores recortes a esos rubros.

Hizo énfasis en que el anuncio de la reducción del 10 por ciento en los salarios de los altos funcionarios es una buena medida en términos comunicacionales, pero no resuelve en absoluto el tema de las finanzas públicas.

Estableció que la oferta del sector empresarial de no incurrir en aumentos indiscriminados de precios la vemos lejana, toda vez que dichos aumentos tendrán lugar si continúa el alza en el costo de los insumos para la producción, es decir, si persiste la depreciación de nuestra moneda y se mantiene el alza en los precios de las gasolinas y el diésel en febrero y marzo.

Pusieron en duda el compromiso de modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana la vemos en duda, toda vez que el Gobierno ha sostenido que no tiene margen de maniobra para seguir con el subsidio a la gasolina.

Cuestionó el impulso de acciones que permitan mantener la estabilidad de precios de la canasta básica, vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de la ley, mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo, emprender medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables y llevar a cabo acciones en favor de la libre competencia.

De las mismas, el PAN en la Cámara alta aseguró que no aportan nada que no sean obligaciones que el Gobierno federal debería haber llevado a cabo aun antes de la actual crisis y que sigue sin entender que los problemas requieren del mayor consenso político, económico y social.

Por ello, lamentaron que en ese Acuerdo firmado en Los Pinos no se hayan tomado en cuenta a las representaciones en el Congreso de la Unión, uno de los contrapesos más importantes de nuestra democracia y vigilante del ejercicio del gasto público.

“La situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales, que vaya al fondo de los problemas y que no sea solo parte de una estrategia de comunicación o imagen pública”, puntualizó la fracción de Acción Nacional.

Jorge Luis Lavalle Maury, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, reconoció que el alza a los combustibles, obedece a factores externos, como el incremento en los precios del petróleo, pero también a malas decisiones de política económica del Gobierno actual.

Criticó que la administración de Peña Nieto confunda la liberalización de los precios de las gasolinas, con el aumento que anunció, además de resaltar que no se puede atribuir a la Reforma Energética porque la nueva legislación era impostergable para México.

Por su parte, el perredista Barbosa consideró que dicho acuerdo trae a la memoria las subsecuentes firmas del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico” durante los Gobiernos de Miguel de Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

“La firma de este Acuerdo fue un acto de apoyo al Presidente. Se trató de una reunión de la plutocracia mexicana y de sus corifeos, los mismos que han llevado al país a la ruina”, aseguró.

A su juicio, sus efectos serán nulos y no servirán para enfrentar el deterioro que tendrán sobre la economía y el bienestar de las familias el alza de los combustibles y sus subsecuentes impactos en todos los productos de primera necesidad.

“Si el Presidente de la República en verdad no deseara afectar el bienestar de las familias mexicanas, debería pensar en reformar la Ley de Ingresos 2017 para cancelar el adelanto en la liberalización de los precios de los combustibles.

Así como revisar el IEPS y los impuestos a las gasolinas, además de aprobar una ley de precios máximos a los combustibles, e iniciar un proceso para aumentar a la brevedad la producción nacional de gasolina, concluyó el senador del Sol Azteca.