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Riesgoso aprobar la Ley de Seguridad Interior: Diputados

  • Domingo 8 de enero de 2017
  • en México

Rechaza el diputado del PRD, Alejandro Ojeda, debatir en este
momento la Ley de Seguridad Interior y advirtió que ante el
malestar social, sería riesgoso abrir una puerta a la represión
militar.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, advirtió que
debatir la participación del Ejército en materia de seguridad
pública en este momento es muy delicado, una intervención militar
en contra de las protestas populares y pacíficas por los malos
manejos de la actual administración pública, sería tanto como
echarle gasolina al fuego.

El descontento emerge de los efectos acumulados de una política
económica que por más de 30 años debilitó la base del aparato
productivo nacional, incrementó la pobreza, provocó la
desigualdad extrema y la descomposición del tejido social,
aseguró.

Pidió diferenciar entre la movilización social en contra del
gasolinazo y los actos vandálicos suscitados en tiendas
departamentales, porque estos últimos están claramente
organizados y manipulados para crear un clima de incertidumbre y
miedo entre la población, y con ello justificar la represión
contra quienes expresen su descontento contra el actual
régimen.

Por ello, pidió al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
no solo revisar con seriedad la posibilidad de realizar un periodo
extraordinario para dar marcha atrás a los gasolinazos, sino
frenar sus ímpetus de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyo
fin pareciera no solo regular la actuación del Ejército en tareas
de seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco para
ejercer la represión.

Ante el anuncio de que el próximo martes habría reunión de
diputados y senadores para iniciar la revisión y el debate sobre
la Ley de Seguridad Interior, el diputado federal dijo que es
inadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario para
tratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor para
sacar adelante dicha legislación.

Además, subrayó que cualquier reglamentación que se pretenda
hacer para normar la participación del Ejército mexicano en la
lucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de la
Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas.

Reiteró que no se puede firmar un papel en blanco para permitir
que los militares entren a una casa sin orden de cateo o delito
flagrante, ni permiso de los habitantes de un domicilio.

Insistió en que sacar de su domicilio o detener a la fuerza a
cualquier persona y subirlo a camionetas oficiales o no, sin que
exista caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito ni
orden de aprehensión y, lo que es peor, llevárselos con rumbo
desconocido, debe considerarse como un delito grave y tipificarse
como desaparición forzada.

Desafortunadamente, dijo, son cada vez más comunes las
grabaciones de las cámaras de seguridad o los celulares que se
suben a las redes sociales, donde se acredita la posible
participación de elementos del Ejército en la detención y
desaparición forzada de personas, además de la vulneración de
sus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad,
así como a la transgresión de la integridad personal y
personalidad jurídica.

Por todo lo anterior, subrayó, es necesario avanzar en la
tipificación como delito grave de la desaparición forzada,
considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como
una violación grave a los derechos humanos.

Consideró que en México prevalece una situación crítica en
materia de desapariciones forzadas, que de acuerdo a la oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, existe una
estimación de 26 mil 798 personas que se encuentran “no
localizadas” en el país, según el Informe sobre la Situación
de Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos.