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Ser procurador y no saber cuándo dejar el cargo genera inestabilidad

  • Viernes 3 de marzo de 2017
  • en México

  • En 116 años, 43 personas fueron designadas para procurar justicia

Nidia Martín, Segunda y última parte

La inestabilidad en el cargo de los procuradores en México, se ha constituido en un problema de incongruencia que produce contradicciones, concentración de decisiones y disfuncionalidad que afectan al sistema de justicia mexicano.

La temporalidad promedio de una persona al frente de la Procuraduría General de la República es de dos años y medio en el último siglo. Sin embargo, en los 20 años recientes el mismo disminuyó a dos años con tres meses, “en tanto que en la última década el promedio se redujo a un año y medio”.

Del año 1900 a la fecha, 43 personas han ocupado la titularidad de la Procuraduría General de la República. En ese periodo han sucedido 45 designaciones de procuradoras y procuradores distintos, considerando, que José Aguilar y Maya se desempeñó en ese cargo, en tres ocasiones no consecutivas, explican para fundamentar el planteamiento.

Hay pues, inconsistencia en el cargo del titular de la institución y de acuerdo al acucioso trabajo realizado por especialistas para la PGR, es propiciada fundamentalmente porque la propia estructura institucional fomenta que el titular de la institución sea el que tenga que tomar la mayoría de las decisiones relacionadas con los procesos penales.

Tal circunstancia, exponen, “…resultaba congruente bajo la lógica del sistema penal tradicional, sin embargo, en el contexto del sistema penal acusatorio esta es una práctica que resulta altamente disfuncional puesto que las reglas procesales penales obligan a que sean los agentes del Ministerio Público de la Federación quienes tomen las decisiones relacionadas con la investigación y persecución de los delitos de los que conoce esta institución”.

Y mientras en el ambiente, después de ese planteamiento, queda flotando la frase ¡urge el fiscal y la remodelación!, en el estudio se explica que si se contrasta el modelo de México con otros casos de éxito en la procuración de justicia, como los de Chile y Estados Unidos, donde también se ha adoptado un modelo de justicia penal acusatorio, se advierte que en aquellos países, le corresponde a la persona al frente de la Fiscalía General el diseño de criterios e instrucciones generales y no asumir decisión alguna respecto de la investigación y la litigación.

“Esta última situación sí acontece en la Procuraduría General de la República Mexicana, lo cual es indicativo de que la arquitectura institucional de la actual Procuraduría sigue obedeciendo a una lógica de un sistema inquisitivo tradicional”, advierten.

CARENCIAS DE DIVERSOS TIPOS

De acuerdo al documento “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo”, en poder del Senado de la República actualmente, los vicios y problemas que padecía el sistema de justicia inquisitorio, se infiere, fueron trasladados al joven sistema adversarial, pero además….

Hablan por ejemplo de que, las carencias relativas a los conocimientos de las personas que ocupan el puesto de facilitador, no se resuelven con la capacitación que les es proporcionada. “La formación continua que reciben, dista mucho de ser la adecuada para el cabal desempeño de su labor, pues no garantiza el fomento de las habilidades que requiere un facilitador”.

No es todo porque…

De la revisión de los espacios físicos destinados a la operación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se advierte que solo cuatro de las 35 unidades administrativas, en las que las y los facilitadores desempeñan sus funciones, cuentan con una sala de conciliación. Asimismo, 31 unidades administrativas cuentan con una oficina para quienes se desempeñan como facilitadores. Sin embargo, dichos espacios no cumplen siquiera con la mitad de los requerimientos mínimos establecidos en el modelo arquitectónico planteado por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)17, respecto del cual se ha cumplido, en total, menos del 3 por ciento.

De igual forma, en la institución no se cuenta con protocolos de actuación, guía y derivación de asuntos para medios alternos de solución de controversias en materia penal. La información anterior hace posible concluir que debido a su añeja y descascarada contextura “la Procuraduría General de la República no ha puesto mayor énfasis en fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, lo cual es indicativo de que aún persiste una tendencia propia del sistema penal inquisitivo de siempre optar por la judicialización de los asuntos”.

Respecto de las y los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no tienen un instrumento normativo interno actualizado que establezca los perfiles por puesto, construido en razón de las capacidades, conocimientos o características determinadas que demandan las funciones de procuración de justicia en un contexto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

BASES PARA UN NUEVO MODELO

En otro documento denominado “Presupuestos Para el Diseño de un Nuevo Modelo de Procuración de Justicia en México”, se considera que, sin duda, es indispensable reflexionar sobre el nuevo modelo que, a pesar de que arranca desde los elementos de evaluación utilizados para realizar el diagnóstico del estado actual de la PGR, es replicable, por las razones expuestas, para las otras 32 instituciones de procuración de justicia de la República.

Ello tiene su base en el diagnóstico integral y transversal que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el año 2013 en las distintas áreas de la Procuraduría General de la República (PGR) y del ejercicio de verificación del estado actual de la institución que se llevó a cabo con cifras al mes de enero del año en curso.

Surge la necesidad, precisan, de sentar las bases para diseñar un nuevo modelo de procuración de justicia que, al margen de la rúbrica que se elija para designar a la institución en la que se organice el Ministerio Público, resulte funcional y útil para resolver las necesidades sociales actuales de tutela penal.

A modo de conclusión del documento se indica lo indispensable que resulta “…articular los esfuerzos institucionales y generar cohesión entre las diferentes áreas que las integran”.

Además, hay una consideración:

“La homologación de los procedimientos, de los criterios y de la normatividad interna en las 33 procuradurías y fiscalías del país -absolutamente necesaria para hacer realidad los objetivos que persiguen en su conjunto las cuatro leyes nacionales con injerencia en la justicia penal-, no admite mayores dilaciones”.

Insisten en algo calificado como “fundamental”:

“Este modelo de procuración de justicia debe quedar plasmado no solo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino, igualmente, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la Ley Nacional de justicia penal para adolescentes.

“Los elementos mínimos de este nuevo diseño deben incorporarse cuanto antes en tales cuerpos normativos de alcance nacional. No hace falta esperar, por tanto, a que puedan ser considerados en las leyes orgánicas que se debaten en los dos niveles de Gobierno. Si solo hay una forma de investigar, procesar y sancionar los delitos a nivel nacional, debe haber también una sola estructura institucional y de operación jurídica. Ya ha concluido el plazo para la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Es momento de orientar nuestros esfuerzos hacia su consolidación”.

Queda clara, pues, la necesidad del rediseño del modelo actual de procuración de justicia, lo cual pasa por el reconocimiento de, al menos, los siguientes factores:

a) Existe poca confianza ciudadana en las instancias encargadas de la procuración de justicia en México,

b) No existe aún una verdadera independencia técnica y operativa de los agentes del Ministerio Público de las procuradurías y fiscalías del país,

c) Las estructuras institucionales son muy heterogéneas y por ello, disfuncionales y poco comunicativas,

d) Se requiere de un servicio de carrera que permita el desempeño eficaz y eficiente de sus integrantes y que incentive la permanencia y los ascensos,

f) Se necesita articular un programa integral (y transversal) de formación, capacitación y profesionalización de los servidores públicos, homologable a nivel nacional,

g) Es indispensable uniformar la normatividad institucional interna de las procuradurías y fiscalías de todo el país, para consolidar el sistema procesal penal acusatorio y

h) Es necesario el diseño e implementación de un modelo unificado de tecnologías de la información que coadyuve en la inter operatividad de los actores del nuevo sistema de justicia penal.