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Sin fecha para reanudar la discusión de la Ley de Seguridad Interior

  • Domingo 19 de febrero de 2017
  • en México

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
Dándole largas en la Cámara de Diputados, con visos de politización ante los procesos electorales en puerta en cuatro Estados de la República, la Ley de Seguridad Interior sigue esperando, mientras se pretende llevar adelante discusiones más profundas cuyo objetivo es evitar problemas futuros que afectan a todos (incluidas las Fuerzas Armadas) en materia de derechos humanos.

En San Lázaro no hay una fecha señalada para reanudar la discusión y el análisis, tras la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de posponerla y no otorgar un aval apresurado

Y es que, en ese tema, por ejemplo, a mediados de enero pasado, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, externó 17 recomendaciones “en caso de que el Estado mexicano decidiera adoptar una legislación sobre seguridad interior que reconozca la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas y que con efecto de aminorar sus consecuencias negativas en materia de derechos humanos” se garantice que esta ley:

1) No implique una suspensión de derechos y que evite los cheques en blanco;

2) Sea compatible con todas las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos;

3) Parta de supuestos claros, precisos y taxativos de instrumentación;

4) Obligue a especificar causas y objetivos;

5) Defina medidas estrictamente necesarias, adecuadas y proporcionales a la situación que se pretende enfrentar;

6) Establezca que el llamado a las fuerzas militares sea el último recurso;

7) Defina de manera clara que las Fuerzas Armadas no pueden participar en tareas relacionadas con la investigación de los delitos, la regulación de las migraciones o actividades de inteligencia civil;

8) Sí establezca el retiro gradual, medible y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas;

9) Prevea que cualquier involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, deberá tener una vigencia temporal breve y precisa;

10) Tutele que los despliegues militares se desarrollen bajo la coordinación y control efectivo de las autoridades civiles;

11) Contemple las obligaciones a cargo de los tres órdenes de Gobierno;

12) Establezca mecanismos de rendición de cuentas, reforzadas tanto en lo interno como en lo externo, que aseguren una supervisión rápida, independiente, imparcial y exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos;

13) Defina estrategias especiales de supervisión por parte de la CNDH;

14) Precise la adopción de medidas específicas para garantizar el trabajo de las y los periodistas y de las y los defensores de derechos humanos;

15) Que informe a la población de las medidas adoptadas y de las posibilidades y vitrinas para denunciar, de forma segura y sin temores, cualquier abuso;

16) Instrumente políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este contexto; y

17) Transparente e informe de manera constante el resultado de las acciones desplegadas y de los operativos implementados.
FALTAN VARIOS ESQUEMAS

Dichas sugerencias, están contenidas en el documento número 39 del análisis Temas Estratégicos elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

Advierten en el mismo que “frente a este conjunto de recomendaciones, las iniciativas de Ley de Seguridad Interior presentan varias carencias, por ejemplo, ninguna sienta las bases para instrumentar políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”.

De hecho, aseguran“las iniciativas no establecen esquemas que garanticen el retiro gradual y medible de las Fuerzas Armadas; sólo la propuesta de MBH incluye dos artículos transitorios que indican la elaboración de diagnósticos y el inicio de procedimientos, conforme a los resultados de los mismos, para mantener la participación de las Fuerzas Armadas (y el retiro de subsidios después de dos evaluaciones negativas)”.

Sin embargo, puntualizan los investigadores del IBD el Congreso podría solicitar estos diagnósticos generales (sin información confidencial) antes de aprobar una Ley de Seguridad Interior.

Se presume que ya lo están haciendo y de ahí que se haya detenido el debate, temporalmente, en la Cámara de Diputados.

A juicio de los estudiosos, los tres proyectos de ley establecen procedimientos que concluyen en una declaratoria o decreto que reúne y hace públicos los componentes fundamentales que deberá tener la intervención pública, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas, su temporalidad y los mecanismos de coordinación entre órdenes de Gobierno. “Pero cada uno plantea facultades, actores, relaciones y responsabilidades diferentes, incluso su denominación varía en cada iniciativa: Declaratoria de Amenaza a la Seguridad Interior (CYT); Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior (RGZ) y Decreto de medidas excepcionales para la seguridad interior (MBH)”.

El asunto es que debe existir una regulación. El propio extenso estudio del IBM sobre el asunto menciona por ejemplo el costo que los mexicanos han pagado con sangre.
SOBRE LA FALTA
DE EVALUACIONES

Pero además…

“Es de llamar la atención diez años después del drástico aumento en los homicidios ocurrido en México, que todavía no se tengan diagnósticos oficiales públicos, detallados y frecuentes, que le permitan a la sociedad monitorear y evaluar las situaciones de violencia que se viven en el país.

“Tampoco se tienen evaluaciones públicas del desempeño y de los resultados íntegros de los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. No se dispone de un diagnóstico detallado de la situación en la que se encuentran los cuerpos de policía de todo el país.

“Particularmente, no se tienen evaluaciones públicas del desempeño de la Policía Federal, y de su División de Gendarmería, que permitan dilucidar por qué ahora se estima que estos modelos de operación policial son insuficientes para enfrentar al crimen organizado”.

Y enseguida considera que todo ello“implica que los debates públicos y parlamentarios en torno a estos temas ocurran más en el ámbito de las intuiciones, ideología y convicciones personales, y menos en un marco de recopilación de evidencias y toma de decisiones informadas”.

Puntualiza:

“Esta falta de información revela no sólo la ausencia de una cultura de rendición de cuentas, sino también la falta de normatividad adecuada que obligue a la publicación proactiva de los datos necesarios para la toma de decisiones certeras y sustentadas”.

Otro planteamiento es que, dada la relevancia de estos temas para la agenda nacional, subsanar la carencia de información debe ser una prioridad del Estado mexicano.

“Sin diagnósticos precisos de las situaciones de violencia en el país y del desempeño integral de nuestras fuerzas de seguridad, las decisiones que se tomen serán, muy probablemente, poco acertadas. La carencia de información oportuna, precisa, detallada y confiable, representa un área de oportunidad para el Congreso de la Unión pues implica la necesidad de revisar el marco normativo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), así como las reglasespecíficas para la generación de la Información de Interés Nacional (esto es, revisar el artículo 26 constitucional, la Ley del SNIEG y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras acciones).

“La información oficial disponible muestra que no existió una crisis de seguridad, ni una ‘ola de violencia’ (salvo en el Estado de Michoacán), que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados del país entre 2006 y 2007”.

Y advierte que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior parecen presentar problemas de constitucionalidad con respecto a los artículos 21, 29, 73 y 129 de nuestra Carta Magna. “Los conceptos ofrecidos en las iniciativas para describir afectaciones y amenazas a la seguridad interior son ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad”, especifica.

La recomendación es “considerar un control parlamentario ex-ante se requiera la participación de las Fuerzas Armadas”.

Ese trabajo aclara el Belisario Domínguez tiene el objetivo de aportar insumos para el debate parlamentario en marcha.