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Urge consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, afirman Morera y Wallace

  • Domingo 15 de enero de 2017
  • en México

Los hechos de violencia y de impunidad crecerán el próximo
año si el Gobierno federal y el Congreso de la Unión no se
comprometen a destinar más recursos para la prevención del
delito, principalmente en zonas que ya habían mejorado sus
condiciones de seguridad, alertaron Causa en Común y Alto al
Secuestro.

Además, dijeron que los gobernadores son los causantes de la
crecida en las cifras de los delitos y la inseguridad, ya que no
están comprometidos con los ciudadanos, dejando todo su trabajo a
las Fuerzas Federales, siendo cínicos al no tener resultados
concretos.

En este sentido, María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace
manifestaron su preocupación por el Nuevo Sistema de Justicia
Penal. Dijeron que éste podría entrar en crisis si no hay quien
vigile su consolidación y su implementación, así como la
capacitación de todos los que están involucrados, iniciando desde
los policías hasta los importadores de justicia.

La situación del país en materia de inseguridad y de
incremento en los delitos se ha disparado, por lo menos así lo
reflejan datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En el país existen 50 municipios violentos y en donde la autoridad
no ha podido mantener el control sobre todo en los homicidios
dolosos.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la administración del
presidente Enrique Peña Nieto de implementar una estrategia para
contener este aumento de la violencia, los esfuerzos han sido en
vano al grado de reconocer que este asunto pudiera salirse de
control.

En entrevista con El Sol de México, Isabel Miranda de Wallace,
presidenta de Alto al Secuestro, señala que existen avances en la
contención de algunos delitos, pero en otros como el homicidio han
tenido un repunto a pesar de los esfuerzos de las instituciones
encargadas de seguridad.

Dijo que ante esta realidad se tiene que calificar la manera de
actuar del Gobierno de los estados, ya que entre 9 y 11 entidades
están “envueltos en sangría y una inseguridad bárbara, entre
ellos, indudablemente está Guerrero, Tabasco, Tamaulipas,
Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, que también ha
tenido incrementos en algunas áreas”.

Ofrece cifras. “Me parece que el panorama no es nada halagador
en lo que estamos viviendo. Los esfuerzos no han sido suficientes,
por ejemplo: el robo con violencia sí disminuyó 15.7 por ciento,
en el secuestró también hubo una disminución, entre el 2012
desde que llegó el presidente Peña Nieto al 2016, del 19.3 por
ciento.

Pero si nos vamos a los homicidios dolosos tenemos un incremento
del 41.7 por ciento, aunado a la violencia en general. Ahora, si se
observa en el delito de extorsión hubo un incremento del 50.9 por
ciento. Además, tampoco vamos también en el tema de percepción;
ahí estamos viendo qué hay justicieros y tanta gente que se hace
justicia con su propia mano. Anudado a la percepción que tenemos
los mexicanos de nuestra policíaP, sostuvo Miranda de Wallace.

Consultada sobre el tema, María Elena Morera Mitre, presidenta
de Causa en Común, enfatizó que la situación económica
disparará los índices de delincuencia, por lo que urgió a
atender las causas sociales evitando recortes presupuestales en la
prevención.

Refiere que su organización aún no ha visto la estrategia de
seguridad implementada por la actual administración. “Si nos
fijamos en la estrategia que ellos han marcado desde la Secretaría
de Gobernación ha sido una estrategia de coordinación con los
gobiernos locales, con los cuales se dio muy bien al principio, en
los primeros años de Gobierno; sin embargo, al no tener un marco
de referencia, no podemos saber cuál es esta estrategia que han
promovido”.

“Al principio (la estrategia) estaba basada en temas de
prevención, y estamos viendo que el próximo año los diputados le
pusieron cero pesos a la prevención del delito y de la violencia;
entonces no hay una política clara en este tema”, acotó en
entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Morera Mitre asegura que es indispensable que el Comisionado
Nacional de Seguridad sea quien marque y detalle una estrategia de
seguridad, pero “no tiene recursos ni el poder político que
debería tener para estar diciendo cuáles son las políticas de
acción”. GOBERNADORES Y POLICÍAS, EL PRINCIPAL DOLOR DE
CABEZA

“Los gobernadores en su gran mayoría son unos cínicos”,
arremetió María Elena Morera Mitre. La activista social deja
claro que cuando los mandatarios estatales solicitan la presencia
de las Fuerzas Federales para contener los actos delictivos dejan
que sean ellos los que combatan, ya que “no se comprometen con
acciones concretas que puedan hacer que sus policías avancen, y no
lo hacen porque no hay consecuencias para no hacerlo”.

“Ellos están en el mejor de los mundos. Entonces cuando piden
ayuda a las Fuerzas federales llegan y hacen su trabajo, pero
cuando hay un problema con éstas, y cuando hay más homicidios en
el Estado o hay más violencia, dicen que ahí están las Fuerzas
federales y que ellos respondan”.

La presidenta de Causa en Común remarca que cuando hay menos
violencia, “los gobernadores se ponen la medalla, pero en todos
estos supuestos no cargan con las consecuencias de tener una
policía preparada”.

En este sentido, Isabel Miranda de Wallace interviene diciendo
que el tema de la inseguridad es un tema multifactorial, pero a los
gobernadores se les debe pedir que asuman su responsabilidad.
“Ahí vemos estados donde al gobernador no se interesa por la
seguridad y tenemos casos en donde sí la recuperan y luego la
pierden, como se ve en Baja California, Chihuahua, San Luis
Potosí, Guanajuato, que eran entidades seguras y que ahora padecen
inseguridad”.

“El tema es que muchos gobernantes simulan que hacen y
aparecen en la foto, pero no están actuando de manera adecuada. Ni
siquiera les interesa el tema”, expresó Miranda de Wallace.

Las organizaciones Alto al Secuestro y Causa en Común coinciden
en que es lamentable que durante 10 años no se hayan construido
policías con buenas capacidades. Pero también afirman que el
Ejército tiene que estar en sus cuarteles, pero también son
indispensables para garantizar la seguridad de millones de
ciudadanos que son rehenes de la delincuencia.

“Es indudable que los militares tienen que estar en los
cuarteles; pero la pregunta es ¿quién está de acuerdo ahorita en
los estados donde ellos están prestado auxilio? No se pueden
reiterar los militares cuando no alcanzan las capacidades que
tienen en los estados”, afirmó Isabel Miranda.

En contraparte, María Elena Morera aseguró que estando el
país cómo está, no se puede hablar si es bueno o malo que las
Fuerzas Armadas estén en la calle. “Sino que es indispensable y
necesario su presencia en los estados en donde no se cuenta con una
policía confiable”.

Por lo anterior, Isabel Miranda detalla: “Recordemos el
mensaje que mandó el secretario de la Defensa Nacional, él dice:
mis elementos prefieren ser procesados por desacato, que ser
llevados a un juicio por haber violado a los derechos humanos.
¿Por qué? Porque desgraciadamente como están las reglas del
juego, derechos humanos le está quitando capacidades a la
policía, a veces para actuar y en este caso, la Secretaria de la
Defensa no tiene una normatividad.

“Entonces, ellos lo que están diciendo es: tú quieres que yo
siga en la calle, adecúa esta normatividad en el plazo que tú
quieras construir tu policía para que siga en las calles, de otra
manera no reglamentada con una situación ambivalente”, subrayó.
EN RIESGO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Morera Mitre y Miranda de Wallace dicen que el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, que puso en marcha del presidente Enrique Peña
Nieto en junio pasado, está en riesgo no consolidarse ya no está
dando resultados esperados. La activista por Alto al Secuestro
enfatiza que no está dando resultados este nuevo sistema porque
“lo que está fallando son los insumos humanos y económicos para
que crezca este cambio”. Abunda que si se quieren resultados es
necesario vigilar su correcta aplicación, pero “desde que
quitaron la CETEG no hay quién esté vigilando la consolidación y
la implementación del nuevo sistema”.

-¿Es una reforma fallida?, se le cuestionó.

“No podemos hablar de que sea una reforma fallida, es muy
pronto. Pero sí, de que estamos empezando a tener cuellos de
botella importantes y que si no los atienden o no los desahogan,
indudablemente se les puede colapsar”, expresó en la charla.

En contraste, María Elena Morera reconoce que el Nuevo Sistema
de Justicia Penal es importante, pero si no se preparan los
actores, “tampoco podemos pensar que las cosas van a cambiar
pronto”. Y añade: “El nuevo sistema es un cambio cultural de
todo el sistema de justicia, muchos de los actores realmente no
quieren ese cambio y otros no hacen posible el cambio”.

“Cuando el presidente Peña puso en marcha el SNP en todo el
país, hay muchos estados que no tienen preparadas a sus policías
como primer respondiente; los Ministerios Públicos (MP) que son
los que tiene que armar la parte jurídica, y además de litigar,
no lo están haciendo; y luego tenemos un sistema judicial
sumamente oscuro, y donde no hay relación con MP y policías para
saber la visión del Poder Judicial, muy difícilmente esto podrá
avanzar, hay falta de voluntad política”, acotó.

Cabe destacar que en México se han mantenido altos los niveles
de inseguridad, a pesar de que desde hace 10 años se implementó
una “estrategia” de seguridad que no ha dado resultados. De
ahí que las activistas dejaron este mensaje: “Se debe tener una
mejor política de Estado en materia de seguridad y justicia, en la
que estemos en la mayoría de acuerdo, donde se vea a largo plazo
al país, y sea transexenal y transversal, pero mientras esto no es
construido, los militares no se van a salir de las calles, y los
ciudadanos no vamos a tener más seguridad, y lo único que vamos a
seguir teniendo es más dolor por los homicidios, secuestros y
desapariciones”.