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Escándalo de Fillon aumenta desconfianza de franceses con los políticos

  • Miércoles 1 de febrero de 2017
  • en Mundo

 

PARÍS, Francia. (OEM-Informex).- Algo huele a podrido en Francia. El escándalo que emponzoña la campaña de François Fillon, candidato presidencial del partido conservador Los Republicanos (LR), aumentó la desconfianza de los franceses con respecto a su clase política: 89 por ciento de la opinión pública piensa que la mayoría de los políticos “no se preocupa de la gente como nosotros”, según una encuesta del instituto Opinion Way, y otro sondeo de Cevipov indicó que 75 por ciento cree que los dirigentes “son corruptos”.

El caso Fillon alcanzó proporciones de gran escándalo nacional porque hasta ahora aparecía como el hombre más honesto de la política francesa y porque, salvo sorpresa de última hora -como efectivamente ocurrió-, tenía abierto el camino hacia el poder en la próxima elección presidencial del 27 de abril y 7 de mayo. Pero, sorpresivamente, su imagen se astilló como un cristal alcanzado por una piedra cuando se reveló que entre 1998 y 2007 su esposa había recibido 831 mil 440 euros como asistente parlamentaria de su marido y luego de su sucesor en el Parlamento, más otros 100 mil euros como colaboradora de la Revista de Dos Mundos, según la última revelación del semanario satírico-político Le Canard Enchaîné.

Desde el punto de vista legal, el reglamento de la Asamblea Nacional no impide contratar a un miembro de su familia para secundarlo en sus tareas parlamentarias. Actualmente, 21 por ciento de los diputados tienen un familiar entre sus colaboradores. La única condición es que deben realizar un trabajo efectivo. Las primeras investigaciones tienden a demostrar que Penélope Fillon no acudía al Parlamento, no tenía acreditación para ingresar a la Cámara de Diputados, no poseía mail y nadie la vio jamás en las oficinas de su marido.

Lo mismo ocurrió con su trabajo en la Revista de Dos Mundos. El director de esa época, Michel Crépu, afirmó que en los 20 meses que Penélope Fillon trabajó en la publicación, solo recibió dos colaboraciones firmadas con seudónimo. Al mismo tiempo, entre 2005 y 2007, cuando Fillon era senador, sus hijos Marie y Charles -que todavía no se habían recibido de abogados- recibieron 26 mil y 57 mil euros, respectivamente por asesoramiento legal.

Nada de todo eso es totalmente ilegal, en la medida que los acusados puedan probar que realizaron un trabajo a cambio de la remuneración. Hasta ahora, sin embargo, la familia Fillon no consiguió entregar todas los comprobantes que le demanda la justicia. El problema es básicamente de naturaleza ética y de moralidad pública, pues -a juicio de los franceses- revela la impunidad con que actúa una parte de la clase política.

Cobrar hasta siete mil 900 euros en el Parlamento y luego cinco mil euros por mes en una revista -en ambos casos por un trabajo ficticio- resulta difícil de soportar en un país donde hay tres millones de desocupados (10 por ciento de la población activa), tres millones de personas que reciben como único ingreso el salario mínimo de mil 430 euros brutos por mes y otros 4.4 millones -en su mayoría jóvenes- que solo tienen un trabajo precario, según las estadísticas oficiales.

Esa radiografía no solo revela una grave desigualdad socio-económica, como la que propulsó a Donald Trump al poder, sino que también pone de relieve el abismo que separa a la mayor parte de la sociedad de una élite que domina todos los resortes del poder -desde la economía a la prensa-, vive en una torre de marfil, se adjudica derechos exorbitantes, se cree omnipotente y se protege detrás de las redes de amistad tejidas desde la infancia y en el ejercicio cotidiano de favores, nepotismo, prebendas y protecciones.

El escándalo Fillon no es solo es el símbolo de la crisis moral que afecta a los partidos tradicionales. El otro gran escándalo que sacude a Francia en este momento -casi idéntico al caso Fillon- es la sanción por empleos ficticios aplicada por el Parlamento Europeo al Frente Nacional (FN) de extrema derecha. El partido de Marine Le Pen debe reembolsar 340 mil euros percibidos indebidamente por dos asistentes parlamentarios del FN que, en realidad, trabajan como funcionarios permanentes en la sede central del movimiento en París.

El año pasado, su padre Jean-Marie había sido condenado por el mismo delito. Tuvo que devolver 320 mil euros por los salarios pagados a 20 asistentes que nunca trabajaron en el Parlamento de Estrasburgo.

La corrupción del FN, eclipsada por el caso Fillon, le impidió a Marine Le Pen explotar demagógicamente el escándalo de su principal adversario en la elección presidencial. La extrema derecha populista, que se presentaba hasta ahora como un modelo de moralidad política, empieza a perder una parte de su prestigio. Lo mismo le ocurre a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, sacudida por una serie de escándalos de corrupción. La esperanza del partido populista Cinco Estrellas había sido elegida en junio pasado con 67 por ciento de votos como abanderada de la lucha contra la “política sucia”. Pero en solo seis meses su equipo cometió todos los pecados que ella criticaba.

La buena noticia –por lo menos en Francia– es que, en todos los casos conocidos, la justicia actúa con rapidez y en forma implacable. La mejor prueba al respecto es la severa condena aplicada el 8 de diciembre al exministro de Presupuesto, Jerôme Cahuzac: tres años de prisión firme y cinco años de inelegibilidad por fraude fiscal y blanqueo de dinero por haber ocultado unos 600 mil euros en cuentas en Suiza y Singapur. Un nuevo proceso en apelación decidirá si termina finalmente en la cárcel.

La acción de la justicia tiene en definitiva un alcance limitado y casi simbólico porque la desconfianza no se nutre solo de los escándalos que trepan a la primera página de los diarios, sino del contraste que percibe la gente a diario entre la grotesca exhibición de poder de las élites y la triste vida real que conoce la mayor parte de la sociedad.