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Explotación y mafia, la cara oscura de la agricultura en Italia

Crece el control de la “agromafia” sobre la producción, la distribución y los miles de jornaleros migrantes durante las cosechas

MILÁN. Les pagan una miseria y trabajan en condiciones deplorables. Miles de trabajadores son explotados durante las cosechas en Italia y son la cara oscura de la agricultura italiana, en la que también pesa la sombra de la mafia.

Cada verano, miles de trabajadores africanos, pero también búlgaros o rumanos, llegan a la península para recoger tomates o sandías bajo un sol abrasador.

Según un estudio realizado por el sindicato Flai-CGIL, unos 400 mil trabajadores agrícolas corren el riesgo de ser explotados irregularmente, de los cuales más de 100 mil se encuentran en una situación de “vulnerabilidad grave”.

Si bien la mayoría son extranjeros, los italianos también están involucrados. “Han sido reducidos a la esclavitud”, a través del llamado sistema de “caporalato”, explicó Jean-Rene Bilongo, responsable de la política migratoria y las desigualdades de Flai-CGIL.

El “caporal” es un intermediario entre el agricultor y los trabajadores, resume. “Es el que negocia el pago embolsándose una margen. Por ejemplo: si pagan cinco euros por una enorme caja de tomates, pagará sólo tres euros a los trabajadores”, sostiene Bilongo.

Si bien el convenio colectivo para la agricultura prevé un horario de trabajo diario de 6 horas y 40 minutos con una remuneración de 50 euros por día, estos trabajadores trabajan más de ocho o diez horas al día e incluso 14 horas.

Además les pagan por cantidad (3 a 4 euros por 350 kilos), lo que les permite llegar sólo a 20-30 euros por día.

INHUMANO

A esa cifra, que ya es baja, deben recortar los costos. “Los ‘caporales’ les piden cinco euros para el transporte ida y vuelta a los campos, por el agua que beben y los bocadillos les cobran 3.5 euros. Una extorsión”, denuncia Angelo Cleopazzo, vicepresidente de la asociación Diritti a Sud (“Derechos en el Sur”), en Nardo (Apulia).

Muchos trabajadores viven en barrios marginales, en terrenos al aire libre, unos “güetos”, sin acueducto ni alcantarillas. “Es inhumano”, protesta Bilongo, quien denuncia también la violencia e incluso la agresión sexual contra las mujeres.

Su extrema vulnerabilidad les impide denunciar la explotación. Sin embargo, en agosto de 2018, cientos de ellos manifestaron su indignación y rabia en Foggia (Apulia), después de la muerte de 16 trabajadores en un accidente automovilístico.

Todos los veranos mueren varios trabajadores en los campos, en general debido a la ola de calor y la insolación.

Para Bilongo no ha faltado la intervención de la policía así como la apertura de investigaciones judiciales, gracias a una ley del 2016 que ataca el fenómeno del “corporalato”.

Pero el sindicalista lamenta que no se apliquen las medidas preventivas para luchar contra ese fenómeno.

La ley establece la creación de “una red de trabajo agrícola de calidad”, con compromisos y controles por parte de los operadores, algo que no se aplica a nivel local.

Esas redes deberían, por ejemplo, organizar el transporte para que los trabajadores no dependan de los caporales.

“Pero hay mucha resistencia”, reconoce Bilongo.

MAFIA INFILTRADA

Los sindicatos Flai-CGIL, como Coldiretti, la principal organización agrícola, así como los mismos trabajadores, consideran que una de las causas de esa injusticia son las exigencias de la grande distribución.

“Son entre los responsables ya que imponen precios muy bajos”, asegura Cleopazzo, que denunció la infiltración de la mafia en ese sector y la escasa acción de la justicia.

Según Coldiretti, la “agro-mafia”, presente desde la producción hasta la distribución gracias al control del sistema de transporte, ha aumentado su volumen de negocios de un 12.4% en 2018, llegando a facturar 24 mil 500 millones euros.

A nivel local se está comenzando a implementar otro modelo de desarrollo. Goel, un grupo de cooperativas de Calabria fundado en 2003, ayuda a los agricultores a vivir mejor con sus propios productos y a resistir a la mafia.

Lanzado en 2015 por las asociaciones Diritti a Sud, Solidaria y SfruttaZero (Cero Explotación), ahora se produce salsa de tomate sin productos químicos y los 20 trabajadores tienen un contrato regular, les pagan a tiempo y cuentan con transporte gratuito, bocadillos y agua.

SfruttaZero vende, a través de sus propios circuitos, sus botellas de tomate a tres o cuatro euros, contra los 90 centavos con que se venden en los supermercados.

Y no tiene dificultades para venderlas, ya que los consumidores son cada vez más sensibles a los problemas éticos y ecológicos y prefieren pagar más a cambio de justicia social y respeto del medio ambiente, asegura Cleopazzo.