abc Radio


César Duarte busca asilo humanitario en Estados Unidos

Por David Varela

A través de una solicitud iniciada por Bertha Isabel y Olga Sofía (sus hijas), el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, buscó cobijarse en el proceso conocido como permiso humanitario o de beneficio público significativo que otorga el US Citizenship and Immigration Services (USCIS), además de contar con una solicitud para la visa EB-5 que es otorgada para quienes invierten entre 500 mil y un millón de dólares en alguna empresa dentro de Estados Unidos.

El exgobernador, perseguido por autoridades locales y nacionales, utilizó a sus dos hijas y la ciudadanía americana que ambas tienen para que, por conducto de una solicitud que ellas elaboraron, se le brindara asilo temporal en aquel país, lo que se conoce como “parole”.

Al contar Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez con la nacionalidad americana, están facultadas para solicitar un permiso provisional para su padre, el exgobernador. El “parole” se otorga al comprobar fehacientemente dos condiciones: la de razones humanitarias urgentes y la de beneficio público para los Estados Unidos.

La primera de las solicitudes se hace para aquellas personas que buscan recibir tratamiento médico de urgencia en Estados Unidos, para reunirse con familiares que viven en aquel país ya sea para su cuidado médico o servicios funerarios; y para quienes buscan protegerse de ser perseguidos o daños personales.

En el caso de la solicitud de permiso humanitario, el exgobernador habría expuesto “persecución política” como la motivación que lo llevó a buscar el cobijo y protección en Estados Unidos.

Duarte Jáquez interpuso en los primeros meses de este año una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra el Gobierno estatal y su representante, Javier Corral Jurado.

Entérate: Fepade va con todo contra exgobernadores, César Duarte y Roberto Borge

La queja fue por considerar que se utilizaba la estructura del Gobierno para denostarlo, en una supuesta persecución política que afecta su imagen, derivado de acusaciones que, indicó en la queja, no tienen fundamento.

El “parole” no está destinado a proveer protección a personas que están en riesgo de daño en todo el mundo y deben cumplirse ciertos requisitos para poder obtener un permiso de permanencia temporal.

Entre lo que debe detallar el solicitante, están las razones de protección en contra de daños que pueda encontrar en los Estados Unidos. Además las vulnerabilidades particulares del beneficiario y los lazos familiares significativos con el país vecino, en este caso que sus hijas son ciudadanas.

Los documentos que se piden son informes que procedan de fuentes confiables de terceros que específicamente mencionen al beneficiario, en este caso César Duarte Jáquez, y que describan los daños serios que enfrentará y la inminencia de dichos daños.

Entre las fuentes que solicita el USCIS están: una agencia gubernamental estadounidense, fuentes de medios de comunicación o bien, una organización de derechos humanos con buena reputación, en este caso la CEDH.

Además, en la solicitud para el permiso de permanencia temporal, también se establece que puede haber algún beneficio público para los Estados Unidos.

El permiso basado en el beneficio público significativo incluye razones de orden público y de seguridad nacional, o consideraciones de política exterior o nacional.

Es bajo este esquema que César Horacio Duarte Jáquez busca también la protección de Estados Unidos al ofrecer información relacionada con el tema del narcotráfico en México.

El gobernador Javier Corral Jurado, en entrevista para El Heraldo de Chihuahua del 16 de julio pasado, indicó que su predecesor buscaba ser un informante para el Gobierno de Estados Unidos en temas de nexos del narcotráfico y el Gobierno federal.

Es a través de la solicitud de “parole” que llegaría César Duarte a obtener un permiso de permanencia temporal, ya que si bien el beneficiario obtiene personalmente los beneficios, la norma legal se centra en la ayuda significativa para el público o el Gobierno norteamericano.

El USCIS analiza toda la documentación que se presenta y el agente asignado al caso específico tiene ciertas consideraciones para otorgar el permiso de permanencia temporal, una de ellas, si el beneficiario tiene recursos para obtener un estatus migratorio legal durante el periodo de autorización del permiso.

Es en este apartado donde entra la solicitud de César Duarte Jáquez de la visa EB-5, mejor conocida como de inmigrante inversionista.

Para obtener la visa de inversionista extranjero, se debe invertir en una nueva empresa comercial que haya sido establecida después del 29 de noviembre de 1990 y que haya sido comprada y el negocio sea reorganizado de tal modo que resulte en una nueva empresa.

La nueva empresa en la que se debe invertir tiene que tener al menos 10 empleos a tiempo completo para ciudadanos estadounidenses dentro del plazo de dos años desde que el inversionista haya sido admitido en los Estados Unidos como residente permanente condicional.

Lee también: Ampliarán investigación contra César Duarte; Interpol actualiza ficha roja 

El capital que debe invertir varía entre 500 mil dólares y un millón de dólares como mínimo, pues depende de la zona en la que esté establecido el comercio en el cual se inyectó el recurso económico, que debe ser propio y no provenir de algún préstamo.

En lo general, se pide una inversión de un millón de dólares para poder acreditarse como aspirante a obtener la visa EB-5 y, posteriormente, una residencia permanente o incluso la ciudadanía americana.

Hay ciertas áreas que Estados Unidos tiene marcadas como de alta tasa de desempleo o zonas rurales en las que se le pide al inversionista sólo 500 mil dólares de capital.

Son los anteriores los dos procesos migratorios que César Horacio Duarte Jáquez ha solicitado ante el USCIS, los cuales le han permitido hasta la actualidad mantenerse prófugo de la justicia local y federal, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión, una concedida a la Fiscalía General del Estado y la otra a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

 

 

 

/dec