A mediados de septiembre de 2018, el equipo de transición del entonces gobernador electo, Rutilio Escandón, difundió un comunicado en el que informó que el operador presentó, al ahora titular del Poder Ejecutivo de Chiapas, un proyecto para ampliar la vía de cuota que conecta a Tuxtla y San Cristóbal no a tres, sino a cuatro carriles, a cambio de una derrama de más de 900 millones de pesos.
El camino de peaje Tuxtla-San Cristóbal tiene 46.5 kilómetros de longitud; desde 2007 es administrado por Concesionaria de Autopistas del Sureste (CAS), la misma empresa proveniente de España que tiene bajo su jurisdicción la autopista Arriaga-Ocozocoautla.
La ruta posee dos carriles y cinco puentes. Su construcción requirió un fondeo de mil 709 millones de pesos; su aforo oscila entre nueve mil y nueve mil 500 unidades, según el clima y las condiciones de tránsito; sus cuotas son al menos 20 por ciento más caras que en 2008, según el historial de derechos de cobro de la SCT.
CAS informó que de 2012 a 2017 las tomas de caseta de la supercarretera aumentaron dos mil 966 por ciento, al pasar de nueve, en el primer ejercicio, a 276, en el segundo año.
El anuncio fue hecho poco más de un mes después de que el gobierno federal dio a conocer el plan para ampliar la vía Palenque-San Cristóbal.
Un estudio de la Escuela Bancaria y Comercial, campus Chiapas, determinó que el operador deja de captar hasta 180 mil pesos por bloqueo
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