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Con sólo 22 mil pesos al mes protegen a periodistas y defensores de DH

Dicha cantidad es insuficiente para atenderles a todas las víctimas de amenazas por defender, publicar o denunciar ilícitos coincidieron especialistas

Rafael Ramírez | El Sol de México

Especialistas, fiscales, abogados y académicos, coinciden en que es necesario dotar de mayores recursos para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas.

Durante la segunda mesa de trabajo que realiza la Cámara de Diputados en el Centro Cultural Tlatelolco, para reformar la Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas” acordaron que se debe dotar de mayores recursos y personal especializado en atención a víctimas.

Foto: Daniel Hidalgo Salinas | El Sol de México

En su oportunidad Rodrigo Santiago Juárez, director general del programa Agravio Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicó que se cuenta con 250 millones de pesos al año para atender a los 800 beneficiarios de este programa, “es decir entre 22 y 25 mil pesos al mes”, mismos que son insuficientes para atenderles a todas las víctimas de amenazas por defender, publicar o denunciar ilícitos.

Santiago Juárez expresó que ante la creciente violencia qué hay en el país contra defensores y periodistas “al paso que vamos tendremos mil beneficiarios en el programa”.

Señaló también que hay una gran dificultad para que las autoridades implementen protocolos de protección, pues el argumento de las autoridades competentes es que no cuentan con personal ni especialización para activar un protocolo de protección.

El punto toral, exponen los panelistas son los recursos de operación para el mecanismo. Pues reiteran que no hay recursos para atender a los beneficiarios.

Ricardo Pavón, director general de Protección integral de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, planteó que debe haber en las instituciones que brindan protección a estas personas, procesos claros y formales para operar la Ley, así como medidas de protección eficientes; también, plantea que se debe partir de “un piso común” para implementar las medidas, y tiene que haber interlocución entre los mecanismos de protección federal y los estatales.

Los ponentes, además, concordaron en que, la Ley bebe tener servicio profesional de carrera para que el personal de las distintas fiscalías conozca cómo se debe atender a las víctimas.