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Contraloría mexiquense sancionará a 21 municipios

Violeta Huerta

TOLUCA, Méx. (OEM-Informex).- Los 21 municipios que violan la
Ley de Ingresos al tener deudas que representan más del 40 por
ciento de su presupuesto podrían ser sancionados
administrativamente, pues el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México (Osfem) enviará la lista a la Contraloría de la
Legislatura local para que inicie los procedimientos
necesarios.

El auditor superior del Estado de México, Fernando Baz
Ferreira, afirmó que violar la ley implica una responsabilidad
administrativa y ellos turnarán una lista a la contraloría para
que se investigue, aunque algunos casos datan de administraciones
pasadas.

“Corresponde a la contraloría porque son faltas
administrativas, nosotros denunciamos las faltas al contralor de la
Legislatura, se remite la lista; cuando encontramos una falta
administrativa se da vista a la contraloría, si es de tipo
resarcitorio nosotros le damos el seguimiento”.

Este medio publicó que aun cuando la Ley de Ingresos prohíbe a
todos los municipios tener deudas superiores al 40 por ciento de
sus ingresos anuales, en el Estado de México hay ayuntamientos con
pasivos que no alcanzan a pagar ni con todo su presupuesto, y en
total, son 21 los municipios con deudas ilegales, y dos de ellos
mayores al 100 por ciento de sus ingresos

No obstante, Baz Ferreira dijo que al Osfem no le corresponde
aplicar sanciones, pues la competencia es de la contraloría de la
Legislatura, ya que se trata de una violación a la norma, y cuando
hay daños al erario ya es ámbito del Órgano Superior.

Hasta hace unas semanas el propio contralor, Victorino Barrios
dijo que los municipios mexiquenses -que reiteradamente han violado
la ley por tener deudas superiores a sus ingresos- no habían sido
denunciados ante la Contraloría del Poder Legislativo, por lo cual
no tenía elementos para actuar.

No obstante, advirtió que la responsabilidad no solo sería
para el alcalde; sino para todos los integrantes de los cabildos
que hubieran avalado la contratación de créditos por encima de
las posibilidades de las demarcaciones; e incluso para los
diputados, si ellos hubieran autorizado un crédito superior a lo
permitido.