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EU indemnizará a familia de mexicano muerto por agentes fronterizos

San Diego, EU.- El Gobierno de Estados Unidos indemnizará con
un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio
Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició
hace seis años cuando el mexicano murió tras recibir golpes y
descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en
California.

El acuerdo que, aún debe ser aprobado por un juez federal,
establece que la indemnización será dividida entre los cinco
hijos de Hernández, mientras que se destinaría cerca del 25% para
cubrir los gastos de representación legal, indica la solicitud
presentada ante la corte del distrito sur de California.

"Estados Unidos ha aceptado pagar la cantidad entera y está
listo y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de esta
petición", detalla el documento, firmado por el grupo legal que
representa a los deudos.


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Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó
reingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde, fue
trasladado a la antigua zona de deportaciones cercana a la garita
de San Ysidro, en donde se registró un altercado que fue captado
por dos testigos quienes grabaron un video con sus teléfonos
celulares.

De acuerdo a la demanda, el suceso se habría iniciado
supuestamente porque el mexicano no acató la orden de poner las
manos sobre la cabeza.

En respuesta, agentes fronterizos arrojaron a Hernández al
suelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes y
descargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días más
tarde.

La antigua zona de deportaciones, sobre lo que en aquel entonces
era Puerta México, se encontraba a la vista de miles de peatones
que ingresan diariamente a la ciudad fronteriza de Tijuana.

En uno de los videos se escucha cómo Hernández pide ayuda en
más de una ocasión, mientras que testigos pedían a los oficiales
que detuvieran los golpes.


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En noviembre de 2015, el Departamento de Justicia optó por no
presentar cargos criminales a doce agentes federales, incluyendo
supervisores, al determinar que no había evidencia suficiente para
comprobar que estos actuaron con malicia.

El cierre de la investigación federal derivó en que en marzo
de 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares del
indocumentado enviaran el caso para análisis ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que
continúa pendiente.

Este caso impulsó a que organismos civiles demandaran que
agentes fronterizos porten cámaras en sus uniformes para evitar
casos de uso excesivo de fuerza.

Los abogados de los agentes involucrados habían presentado una
apelación ante el Noveno Circuito, aunque finalmente se llegó a
un acuerdo para poner fin a la demanda civil por homicidio culposo
y uso excesivo de fuerza interpuesta hace siete años.

Por lo pronto, se citó a una nueva audiencia a principios de
marzo en la corte federal de San Diego, en la cual, se podría
aprobar la resolución.


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/parg