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Españoles exigen a sus hijos; piden intervenir a la ONU

José Guadalupe Pérez, El Heraldo de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (OEM-Informex).- Ante la negativa de las
autoridades mexicanas de entregarles a sus hijos nacidos en
vientres subrogados, los ciudadanos españoles Marco Antonio y
Lorenzo Facundo solicitaron la intervención del Comité de
Derechos Humanos de la ONU, argumentando que existen violaciones a
las leyes y tratados internacionales en materia de protección a
los derechos de los niños.

Esto, luego de permanecer más de dos meses y medio
prácticamente “varados” en territorio tabasqueño, lo que les
ha significado una erogación de unos cinco mil euros entre ambos
casos, ya que el primero es padre de un niño nacido el 2 de
diciembre del 2016, y el segundo padre de dos mellizos nacidos el
27 de noviembre de ese año.

Por ello, aprovecharon la presencia de representantes de
organismos internacionales en materia de derechos humanos que
asistieron a una conferencia denominada Reparación del Daño a
Víctimas de Violaciones a sus Derechos Humanos, entre ellos
Fabián Omar Salvioli, quien hasta el mes de diciembre fungiera
como presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.

Con el apoyo de Alejandra Arias Gómez, presidenta de la
organización civil Aldea por los Niños se entrevistaron también
con Víctor Manuel Rodríguez Rescia, presidente del  Instituto
Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos para
exponerle su problemática, ya que no pueden abandonar el país
debido a las lagunas que existen en materia legal en el tema de
maternidad subrogada.

Durante su breve plática con los funcionarios de los organismos
internacionales, los españoles pudieron conocer de un caso
ocurrido a finales de la década de los 90’ en República
Dominicana, en donde se deja en claro que no se les puede negar a
los niños el derecho a su registro ante las autoridades.

En 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
recibió una petición en favor de las niñas Dilcia Yean y Violeta
Bosica contra la República Dominicana por haber negado la
nacionalidad a las niñas a pesar de haber nacido en ese
territorio.

Los peticionarios señalaron que debido a la falta de
reconocimiento de la nacionalidad, las niñas estaban expuestas al
peligro inminente de ser expulsadas del país y que no podían
ingresar a la escuela por carecer de un documento de
identificación. La CIDH adoptó medidas cautelares para evitar la
expulsión y garantizar que Bosica pudiera continuar con sus
estudios. La CIDH sometió el caso ante la Corte Interamericana
quien entendió que el Estado Dominicano violó los derechos a la
adopción de medidas de protección, a la igualdad y no
discriminación, a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y
al nombre de las niñas al negarse a emitir los certificados de
nacimiento e impedirles el ejercicio de derechos de ciudadanía
debido a su ascendencia.