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En Hidalgo, unanimidad sobre eliminación de fuero

  • Viernes 28 de julio de 2017
  • en Justicia

PACHUCA, Hgo.- Con 25 votos a favor, diputados locales aprobaron por unanimidad la eliminación de la inmunidad procesal de la que gozan servidores públicos, reforma que deberá ratificar la mayoría de los 84 ayuntamientos, a fin de que entre en vigor y enfrenten denuncias por la comisión de delitos incluidos en el Código Penal sin necesidad de un juicio de procedencia para desaforarlos.

Algunas de las distintas fracciones parlamentarias y representaciones partidistas en el Congreso local se manifestaron en tribuna pidiendo el voto favorable a esta iniciativa, presentada por el gobernador Omar Fayad el 2 de marzo y dictaminada el pasado miércoles por integrantes de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de la Instructora.

Con ello, por ejemplo, el gobernador, miembros del gabinete, diputados locales, magistrados, jueces, alcaldes, regidores y síndicos procuradores enfrentarían procesos penales sin mediar juicio de procedencia del Congreso local, como hasta ahora; en cambio, será la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo la que cuide que las carpetas de investigación que les vincula a proceso “no respondan a censura, venganza o persecución política”.

A esto se suma la aprobación, el pasado día 5 del presente mes, de leyes secundarias en materia de combate a la corrupción que incluyen en el Código Penal del estado de Hidalgo delitos en los que podría incurrir un servidor público, como intimidación, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con particulares.

Ponen ejemplo

Luis Baños Gómez, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Hidalgo, sostuvo que esta reforma no es ilegal aunque permanezca la misma inmunidad procesal en el ámbito federal, ante lo que consideró que nuevamente las legislaciones locales ponen el ejemplo desde los estados.

“En este caso no violentamos los principios de los artículos constitucionales 116 ni 117 ni 118 que se refiere a los estados y que en consecuencia otorgan facultades a las legislaturas locales precisamente para determinar todo lo que es su régimen interior lo correspondiente a su marco jurídico”, explicó.