Las personas que sean víctimas de violaciones a sus derechos humanos podrán ser acreedoras a una compensación por parte del gobierno de la Ciudad de México, como medida para resarcir el daño por perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables, que sean consecuencia de actos realizados por autoridades que afecten su libertad e integridad física o mental, incluyendo el error judicial.
Por lo que recaerá en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México la responsabilidad de ser la entidad encargada para establecer los montos de las indemnizaciones, mismo que será incluido en el plan integral de reparación de cada víctima.