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Propone aumentar sanción a extorsionadores y disminuir edad para prisión domiciliaria

  • Viernes 22 de diciembre de 2017
  • en Justicia

Ante el crecimiento de las extorsiones en todo el país, en San Lázaro, el grupo priista busca incrementar la pena inconmutable de cinco a ocho años de cárcel, a quienes cometan el delito de extorsión. El ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.

Y es que la Comisión de Justicia analiza iniciativa que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el 390 del Código Penal Federal, con el propósito de imponer una pena inconmutable de cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.

La modificación normativa establece que comete este abuso el que, mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona.

El diputado priista Ricardo Taja Ramírez sostuvo que este delito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con mayor incidencia, pues tan sólo en el 2016 se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.

Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe), que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.

La Envipe también refiere que el 95.6% de las extorsiones se realizó por vía telefónica, lo que vincula a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.

Los datos consignados por el propio Inegi señalan que el 4.4% de estas extorsiones fueron pagadas; por ello, apuntó el legislador, no deja de ser una forma bastante redituable de obtener recursos económicos de manera ilegal para quien se encuentra privado de su libertad.

Ante el incremento en dicha conducta delictiva, Taja Ramírez, consideró necesario reformar los ordenamientos que se encargan de tipificar el ilícito, adecuándolo a las actuales circunstancias.

Plantean reducción de 10 años para otorgar prisión domiciliaria

La bancada del PRD en San Lázaro se pronunció para que el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria pueda otorgarse a partir de los 60 años de edad, en lugar de los 70 que actualmente marca la ley.

El diputado federal del PRD, Daniel Ordoñez Hernández, integrante de la Comisión de Justicia, informó que promueve una iniciativa para que el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria pueda otorgarse a partir de los 60 años de edad, en lugar de los 70 que actualmente se marcan.

Indicó que su propuesta pretende reformar el primer párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal, que prevé el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria, para quedar de la siguiente manera:

“En el caso de que el imputado sea una persona mayor de 60 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan; en todo caso, la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos’’.

La revisión, apunto, de la medida cautelar podrá ser promovida por las partes, quienes, además, ofrecerán pruebas para dicho efecto.

Ordoñez Hernández comentó que se busca la aplicación irrestricta del principio de progresividad que emana de tratados internacionales y que está consagrado en la Constitución Política, según el cual los derechos pueden aumentar, pero no disminuir, con el fin de buscar la materialización de la dignidad humana en el sector de la población de la tercera edad.

Además, se toman como base los ordenamientos en materia de derechos humanos, la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y Envejecimiento activo, expuso el perredista.