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Prisión preventiva para el exdirector Leonel Bustos

Xalapa, Ver.- La juez de control del Poder Judicial del Estado, Verónica Portillo Suazo, dictó la medida de prisión preventiva por seis meses a partir de ayer para el exdirector del Régimen Estatal de Protección en Salud, Leonel Bustos Solís, quien quedó internado y separado de la población en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo.

Al conocer de la medida cautelar de prisión preventiva, Bustos Solís dijo ser el primer sacrificado en el yunismo. Esta resolución, que otorgó la juez, fue porque consideró fundada la petición de la Fiscalía, pues al no acreditar el imputado su domicilio no se garantizaba que éste se presentara y por su solvencia económica se corría el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia.

La juez no otorgó ni el embargo precautorio de bienes ni la intervención de sus cuentas bancarias, además será hasta el próximo martes 24, a las 17 horas, cuando se continúe con la audiencia, toda vez que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional y será entonces que se defina la vinculación a proceso.

A Leonel Bustos se le acusa de haber transferido 2 mil 300 millones de pesos de dicho régimen a la cuenta del Gobierno del Estado, de ahí que se le fincan los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento de un deber legal.

Leonel Bustos Solís, extitular de dicho Régimen, acudió a la audiencia inicial en la que se formularon las imputaciones en su contra, en la que se dio el debate de medidas cautelares, derivado de lo cual la juez de control decidió otorgar la ampliación del plazo constitucional y será entonces cuando decida si se da la vinculación a proceso, esto en la Sala Cuatro de Juicios Orales del Poder Judicial del Estado, con sede en Pacho Viejo.

Aunque la audiencia estaba programada a las 11 horas y tanto los fiscales de la Fiscalía General del Estado como el señalado, Leonel Bustos, y sus abogados se encontraban listos, una audiencia previa a este caso retrasó el inicio, por lo que fue hasta las 12:18 que inició la misma.

La acusación es por desvío de recursos y peculado en contra de Mauricio Audirac y Leonel Bustos Solís, según consta en la carpeta de investigación 243/2016, de acuerdo con lo que se informó por parte de la juez de control, Verónica Portilla Suazo.

Luego de las presentaciones respectivas de la parte imputada y la parte acusadora, donde de acuerdo al nuevo sistema se presume la inocencia de Leonel Bustos Solís, hasta en tanto no se demuestre lo contrario, se mandó a un receso de cuatro horas.

Una vez iniciada la audiencia Leonel Bustos Solís dio a conocer que cambiaba de abogados y ahora designaba como sus defensores a los hermanos Juan Carlos y José Felipe Rayo Mares.

Fueron ellos específicamente quienes solicitaron la suspensión de la audiencia y se dé una nueva fecha, pues consideran que no han tenido el tiempo necesario para conocer la carpeta de investigación, toda vez que, como lo indicó Leonel Bustos Solís, las últimas copias fueron entregadas el martes de esta semana a las 21 horas, concluyendo la entrega el miércoles a las 00:40 horas.

Sin embargo, la Fiscalía, mediante los fiscales Sergio Abel Verdejo Muñoz y Fernando Pensado, hizo el señalamiento de que la parte acusada ha venido tratando de posponer la audiencia, tal y como ocurrió el pasado 6 de enero, donde también se argumentó que no contaban con toda la carpeta de investigación.

Ante estas posiciones la juez de control decretó un receso de cuatro horas para que la defensa conociera dicha carpeta, sin embargo, la defensa expresó a la juez de control que de no suspenderse la audiencia y dar una nueva fecha, podrían renunciar a la defensa de Leonel Bustos Solís, porque no tendrán el tiempo suficiente para examinar toda la carpeta y por ello no contarán con los elementos necesarios para dar una defensa correcta a su cliente.

Una vez reanudada la audiencia, alrededor de las 16:59, Bustos Solís, exdirector del Régimen Estatal de Protección en Salud, incorporó a dos abogados más a su defensa, que fueron Érick García e Itzel Segura.

Cabe destacar que en esta etapa de la audiencia llegó el fiscal general del Estado, Jorge Winckler, quien indicó que aportará su experiencia para dichos casos, además de que al cuestionarle si asistirá a todas indicó que a la mayoría y que no lo limitáramos.

Al presentar las imputaciones los abogados de la Fiscalía señalaron que la acusación fue realizada por el director de integridad y ética de la Contraloría General del Estado, Guillermo Beck Chiquini.

La acusación es por 23 transferencias hechas de cuentas del Régimen Estatal de Protección en Salud a la cuenta del Gobierno del Estado por 2 mil 300 millones de pesos, que a continuación se desglosan.

La Fiscalía refirió que el 28 de noviembre se realizaron 11 transferencias, por las siguientes cantidades: 153 millones de pesos, 62 millones de pesos, 89 millones de pesos, 120 millones de pesos, 20 millones de pesos, 19 millones de pesos, 192 millones de pesos, 111 millones de pesos, 83 millones de pesos, 156 millones de pesos, 195 millones de pesos.

Además, el 10 de diciembre de 2014 se realizaron 10 transferencias más por las siguientes cantidades: 58 millones de pesos, 116 millones de pesos, 15 millones de pesos, 14 millones de pesos, 187 millones de pesos, 79 millones de pesos, 151 millones de pesos y 55 millones de pesos.
La última transferencia de recursos se dio el 16 de diciembre de 2014, con dos transferencias más, una de ellas por 55 millones de pesos y otra más por 195 millones de pesos.

Refiere que toda vez que hay oficios y memorándums firmados por el exdirector del Régimen Estatal de Protección en Salud se tipifican los delitos de abuso de autoridad, peculado, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.

Estos delitos, indicaron, en suma, acumulan una pena de alrededor de 35 años de prisión, por lo que la Fiscalía pidió las medidas cautelares de prisión preventiva, toda vez que hay un alto riesgo de que el imputado se fugue, sobre todo porque no da un domicilio particular, sino el de sus abogados.

Además, la Fiscalía pidió el embargo precautorio de sus propiedades, entre las que se encuentran un departamento en Jardines de Xalapa; una propiedad en Teocelo, una propiedad en Valle de Las Ánimas, una propiedad más en Alto Lucero y dos lotes en Monte Magno.

Asimismo, se solicitó la intervención de sus cuentas que en suma, señalaron los fiscales, son cuatro cuentas bancarias por una cantidad de alrededor de 20 millones de pesos.

La defensa, por su parte, aseguró que los memorandums tienen firmas apócrifas, además que el director de dicho Régimen Estatal de Protección en Salud se encontraba en Tlaxcala en una reunión cuando supuestamente dio la orden de realizar dichas transferencias.

Por su parte, el imputado entregó a la juez de control copia de sus estados de cuenta y relató el hecho de que todas fueron aperturadas antes de los hechos que consigna la fiscalía, y que son producto de su trabajo como médico.

En el caso de las propiedades indicó que éstas fueron adquiridas con antelación, incluso la de Teocelo es producto de una herencia de su esposa, además anexó comprobantes de recibos de agua y de energía eléctrica, así como de predial, donde da a conocer que tiene más de 10 años en su actual domicilio.

También refirió que ha acudido a todos los citatorios que se le han hecho, tanto en la Contraloría General del Estado como en la Fiscalía General del Estado, incluso acudió a la audiencia a la que se le citó en la Sala de Juicios Orales.

Sin embargo, luego de un receso, la juez de control otorgó a la Fiscalía la medida de prisión preventiva del imputado para garantizar que éste se presente a las audiencias durante el proceso.

/afa