La Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México plantea que hay medidas de mitigación a través de estudios de impacto, y según estos mismos estudios se determinan cuáles son las mitigaciones, es decir, a mayor número de plantas o espacio construido, las constructoras deben responder con mejoras en la zona como la construcción de parques, y resaneado de banquetas, entre otras obras.
“Hace muchos años se manejaba que era un porcentaje y se iba a la Tesorería Central y de ahí nosotros lo llamábamos hoyo negro, porque no sabíamos dónde acababa ese recurso. Siempre era necesario pagar el aguinaldo de los burócratas”, cuestiona el arquitecto Daniel Escoto, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y exdirector de la Autoridad del Espacio Público del entonces Gobierno del Distrito Federal.
Escoto también señala que poco a poco ese dinero se fue revirtiendo y se empezó a hacer que las medidas de mitigación fueran pagadas en especie, es decir, que los desarrolladores tuvieran la obligación de construir, mejorar o habilitar ciertos espacios casi alrededor de la zona.
“En los últimos años se inventaron otro modelo que lo llamaron SAC (Sistema de Actuación por Cooperación), que era como adelantar esas mitigaciones para esos grandes polígonos. Por ejemplo, La Mexicana en Santa Fe es una medida de mitigación por un SAC, como un pago adelantado de mejoras urbanas, pero porque vienen 1,600 viviendas ahí al lado. Es adelantarse y curarse en salud. Como decir, -ya hice el parque, ahora obliga al gobierno a darme las licencias para 1,600 viviendas”, explica.
El experto o también destaca que, aunque las medidas sí se pagan no son suficientes, porque no pasan del cuatro o cinco por ciento del costo de la obra total de construcción. “Ni siquiera de la venta con utilidad que casi puedes duplicar la inversión. Y pues la ciudad acaba perdiendo”.
Por el contrario, las constructoras se defienden afirmando que ellos pagan lo que estipula la ley. De hecho, lo único que señalan es que existen diferentes fideicomisos encargados de recaudar estos impuestos para ser reinyectados dentro del rubro de infraestructura en la ciudad. Y de estos fideicomisos se genera un presupuesto anual que va directamente a las alcaldías y ellas deciden cómo distribuirlo.
Se buscó al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya que durante su administración en el gobierno capitalino se concedió el mayor número de Polígonos de Actuación, pero no hubo respuesta de su parte. Esta investigación forma parte de un proyecto académico realizado en la maestría de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara.
