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Auditan a Salud de Chihuahua

  • Miércoles 23 de agosto de 2017
  • en Sociedad

Desde el pasado 9 de agosto la Secretaría de la Función Pública inició una auditoría al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) por la compra de medicamentos a través de adjudicación directa a la farmacia Egro, informó la titular Rocío Stefany Olmos Loya, que además habló sobre 20 funcionarios de segundo y tercer nivel que han sido suspendidos en la presente administración por irregularidades detectadas en desarrollo social y obras públicas principalmente.

Ayer en rueda de prensa, Stefany Olmos informó sobre varios de los temas de competencia de la función pública, dependencia que solicitó de inmediato la información referente a la compra de medicamentos a la empresa Egro, misma que se adjudicó de manera directa el 4 de agosto.

Aceptó que la ley establece la adjudicación directa hasta después de licitar dos veces una compra, lo que señala claramente a dicho procedimiento como la última alternativa por parte de las instancias gubernamentales.

Habló durante la rueda de prensa también sobre la nueva licitación en la Secretaría de Salud para servicios de laboratorio, la cual se ha postergado porque se trata de una licitación pública de carácter nacional y se basa en normativas federales.

Son tres años el periodo por el que se extendería el contrato y debido a ello, la operación resulta compleja ya que se contemplan diversos aspectos técnicos. La licitación dijo, se realizará mañana conforme a la reglamentación federal.

También dentro del tema de la Secretaría de Salud, detalló Stefany Olmos que el 19 de julio se concluyó la auditoría en el caso de los bonos que funcionarios de la dependencia se entregaron a finales del año pasado.

De la auditoría realizada, se despegó que fueron otorgados fuera de la norma y por ello, los funcionarios con menos de un año de haber laborado reembolsaron en su totalidad el bono; aquellos con más de un año laborando en Salud lo reembolsaron parcialmente.

Dijo que ya instruyeron para que se tomen medidas y no ocurra en un futuro otra situación similar.

El área de responsabilidades definirá las sanciones a las cuales se hacen acreedores los funcionarios que intervinieron en el reparto del bono y van desde amonestaciones privadas, públicas e incluso, la inhabilitación.

En ése sentido, informó que en la actual administración han suspendido a 20 funcionarios de segundo y tercer nivel por irregularidades administrativas en las áreas de desarrollo social y obras públicas, entre otras.

Sobre los procesos contra funcionarios públicos en la administración de César Duarte, la secretaria de la función pública recordó que son ya 14 las personas vinculadas a proceso y se acreditó, a la fecha, el desvío de más de mil millones de pesos.

Sobre nuevas investigaciones, mencionó que están enfocadas al sector salud y obras públicas, entre ellas la construcción de la Ciudad Judicial.