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CNDH confirma omisión de justicia en Puebla tras linchamiento de dos encuestadores en 2015

  • Miércoles 17 de enero de 2018
  • en Sociedad

Por la omisión de actuación de las autoridades municipales y estatales en el linchamiento de dos hermanos por pobladores de Ajalpan, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los integrantes del Ayuntamiento de ese municipio.

De acuerdo a los hechos, el 19 de octubre de 2015, ambos hermanos, que laboraban en una empresa encuestadora, realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en el municipio de Ajalpan; esta actividad resultó sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron la presencia de la Policía Municipal.

No obstante, la  actitud de los pobladores se tornó violenta, manifestando su intención en lincharlos, por lo que los jóvenes fueron trasladados en una patrulla a la comandancia que se encuentra en el Palacio Municipal, a la espera del arribo del supervisor de la compañía.

Se esparció el rumor de que se trataban de “secuestradores de niños”, por lo que la turba ingresó a la comandancia en busca de los agraviados, quienes fueron llevados por los policías a la azotea, hasta donde llegaron los pobladores que los bajaron para golpearlos y, finalmente, prenderles fuego. En el evento también resultaron policías lesionados, robo de armamento oficial y daños a la presidencia municipal.

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La CNDH indicó que familiares de los agraviados presentarían queja ante la CNDH por la omisión del Gobierno Estatal en brindar seguridad a las víctimas y la falta de indemnización.

El Organismo Nacional constató la omisión de la autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños y a la Policía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de la comandancia para linchar a los dos hombres.

Además de no adoptar a tiempo las medidas necesarias y pertinentes para la protección de las víctimas, permitiendo el ingreso y permanencia en las instalaciones municipales de personas que alteraron el orden público.