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Congreso de Chihuahua va contra exalcaldes

  • Sábado 9 de diciembre de 2017
  • en Sociedad

El Congreso del Estado instruyó a la Auditoría Superior para iniciar procesos administrativos y penales a los exalcaldes de Chínipas e Ignacio Zaragoza, Hugo Schultz y Florencio Franco, ambos del PAN; Javier González Mocken, de Juárez del PRI y Benjamín Ortiz Ahumada, del Partido del Trabajo, del municipio de Manuel Benavides.

Tras la revisión de las cuentas públicas del año 2016, del periodo de enero a octubre, el Legislativo dio vista a la Auditoría Superior del Estado, encargada de la fiscalización de los recursos municipales, por diversas irregularidades en la realización de obra pública y en los egresos destinados al pago de nómina de los ahora exfuncionarios.

La Auditoría Superior del Estado revisó las cuentas del último año de gestión de las anteriores administraciones municipales, encontrándoles irregularidades a los exalcaldes que van desde pagos indebidos que recibieron hasta compra de bienes y realización  de obras con sobreprecios.

Los exalcaldes tuvieron oportunidad de responder en el transcurso de este año a las observaciones de la ASE, pero no las solventaron, por lo que los resultados fueron turnados a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y posteriormente al pleno, donde se votaron por mayoría para instruir a la Auditoría Superior a someter a proceso administrativo a los señalados.

También el empresario Germain Lezama Cervantes resultó penalmente responsable del delito de peculado agravado, por lo que se le impuso una pena de tres años de prisión y deberá pagar más de un millón de pesos por el desvío de esa misma cantidad de la Auditoría Superior del Estado, donde simuló la contratación de prestación de servicios en complicidad con el exgobernador César Duarte.

El socio y representante legal de la moral Kepler Soluciones Integrales S.C. aceptó su responsabilidad de los hechos; por lo que en un procedimiento abreviado, el juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, dictó el fallo condenatorio.

El agente del Ministerio Público logró acreditar que en mayo de 2014, Lezama Cervantes, en acuerdo previo con el ex auditor superior del estado Jesús Manuel E.F., participó en la distracción de un millón 566 mil pesos del erario público; al aportar la documentación para realizar la simulación de un contrato de prestación de servicios.