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Administración fracasa en estrategia para combatir la inseguridad

La cruda realidad eclipsó el programa estrella del presidente Enrique Peña Nieto para lograr –como prometió– un México en paz. Tras cinco años y más de nueve mil millones de pesos destinados a una estrategia de prevención del delito que se abandonó a medio camino, el país rompió récord de homicidios dolosos y 2017 se convirtió en el año más violento de las últimas dos décadas.

Más de la mitad de las 89 demarcaciones que se beneficiaron de los subsidios del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) no escaparon a la espiral de criminalidad.

Solo en 24 disminuyó consistentemente el homicidio entre 2012 y 2017, aunque a decir de los expertos, no queda claro si esto se debió al programa. Este medio buscó a la Secretaría de Gobernación, responsable de coordinar la estrategia, para conocer su posición pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

David Ramírez de Garay, especialista en seguridad de la organización México Evalúa, indica que es difícil saber si el esfuerzo federal funcionó porque no hubo forma ni tiempo suficiente para medir sus resultados.

El think tank al que él pertenece dio seguimiento al nuevo plan anticrimen desde sus inicios y detectó que, aunque la intención  era correcta, no tenía una metodología transparente, los proyectos carecían de evidencia sólida para saber si funcionarían y no se incorporaron indicadores o metas que hicieran posible una evaluación de su impacto.

Además de los problemas en su diseño, el experto explica que “la política de prevención no da resultados inmediatos, por eso no es popular entre los políticos”. En 2017, el gobierno lo dejó sin un centavo y para este año le asignó 300 millones cuando antes tenía recursos por más de 2 mil millones anuales.

Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, señala que las estrategias de prevención funcionan muy bien en un ambiente donde no hay crimen organizado o donde está muy controlado, que no es el caso de México.

“Primero tenemos que regular las drogas, por lo menos la mariguana y el cultivo de la amapola, quitarle el dinero a las mafias y entonces sí nos van a funcionar las otras estrategias”, sostiene Roel.

PLANES FALLIDOS

El fracaso de la estrategia contra el crimen se remonta a diciembre de 2006. Tras una elección muy cerrada, el panista Felipe Calderón tomó posesión como presidente de México y anunció una lucha sin cuartel contra el narcotráfico.

Las calles se transformaron en escenario
de enfrentamientos entre las fuerzas federales y los cárteles de la droga o de disputas entre estos por el control de las plazas que elevaron el homicidio de 32 diarios en 2006 a 61 en 2011. Hasta entonces sería el año más violento.

El PRI regresó al poder con la promesa de Enrique Peña de cambiar la política bélica de su antecesor. Y minutos después de rendir protesta como presidente, anunció su primera acción: crear un programa nacional para prevenir el delito en coordinación con los estados y municipios. La idea era atender las causas del crimen.

La violencia comenzó a ceder los primeros años, pero la situación se revirtió a mitad del sexenio. Las carpetas por homicidio doloso volvieron a crecer hasta romper un nuevo récord de 69 casos diarios durante el año 2017.

Los centros turísticos más importantes
fueron alcanzados por la inseguridad al
grado que el secretario del ramo, Enrique de la Madrid, sugirió la semana pasada la opción de legalizar la mariguana en Baja California Sur y Quintana Roo para evitar que la violencia ahuyente el turismo.

“MÁS DE LO MISMO”

Aunque el gobierno actual puso al centro de su estrategia anticrimen las políticas de prevención, con el paso del tiempo sus prioridades cambiaron y en 2017 desapareció la partida asignada a esta acción.

“Todo eso quiere decir que la prevención no fue la prioridad que nos prometieron”, dice Ramírez de Garay. Y añade que “a pesar de que nos vendieron la idea que se iban a distanciar de lo que hizo el gobierno anterior, ya hacia final de sexenio vemos que se continuó con el proceso de militarización de la seguridad pública”.

Roel coincide en que el gobierno de Peña Nieto terminó haciendo “exactamente lo mismo” que Calderón. Y sentencia: “si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir sufriendo más de lo mismo”.